La Ley de I+D+i de Castilla y León fijará como límite de la investigación la Constitución Española
La Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) de Castilla y León, en fase de tramitación parlamentaria, fijará como límite de la libertad de investigación los derechos y deberes fundamentales que están en la Constitución. Así se recoge en una de las 26 enmiendas pactadas por PP y PSCL, lo que motivó que los segundos retirarán su enmienda de totalidad, con objeto de que la nueva Ley vaya más alla de la alternancia política, en palabras del procurador socialista Octavio Granado, ponente de la normativa. Cuando se ha abierto el debate ético sobre los límites de la investigación biológica, los grupos mayoritarios en las Cortes de Castilla y León señalan a la Constitución y los derechos y deberes fundamentales reconocidos en la carta magna, según las enmiendas a las que ha tenido acceso Europa Press. También PP y PSCL entienden que debe existir un órgano central con atribuciones específicas en materia de ciencia y tecnología, por lo que la ley recogerá la creación de esa estructura que centralice la actividad de I+D+I en la Junta de Castilla y León. Por otro lado, habrá un Consejo Asesor, que tendrá entre veinte y veinticinco formado por miembros de las universidades, de centros tecnológicos, empresas, agentes económicos y sociales, administración local y científicos y tecnólogos de reconocido prestigio. Colaboración con los campus El consejo asesor, que deberá estar constituido en el plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley, emitirá cuantos informes le sean solicitados por la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, referentes a transferencia de tecnología, vigilancia tecnológica, prospectiva tecnológica, difusión de la I+D+I y participación en programas internacionales de este área. Además, la Junta de Castilla y León potenciará la colaboración entre las universidades y los centros de enseñanza secundaria para fomentar la participación de personal docente de dichos centros en proyectos de investigación desarrollados por las universidades de la Comunidad Autónoma. Finalmente, el bloque de enmiendas recoge que la Junta apoyará la creación y actividad de Centros Tecnológicos Regionales, regulados como órganos con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, pero con capacidad de obrar para contribuir al perfeccionamiento tecnológico y a la innovación y mejora de la competitividad de las empresas.