Bono social eléctrico
Exigen flexibilidad para que el bono social llegue a más de 12.602 leoneses
Los consumidores alertan de que el 54% de ellos se encuentra en situación de vulnerabilidad
Un total de 12.602 personas de León se ha acogido al bono social eléctrico en 2020, según los datos facilitados a Efe por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De ellos, según el desglose ofrecido, más de 6.000 estaban considerados consumidores vulnerables y se han beneficiado de un 25% de descuento en la tarifa.
Hace tan solo unos días Facua-Consumidores en Acción instó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a realizar «una profunda reforma» del bono social eléctrico tras el fin el pasado 15 de septiembre de la prórroga automática aprobada durante el estado de alarma tras la caída del número de beneficiarios. En España han bajado de 1,3 a 1,2 millones en 2020.
Así, la asociación pidió al Gobierno que suavice los requisitos para que muchas más familias puedan ser beneficiarias del mismo según su coyuntura económica, «que se ha visto además agravada en los últimos tiempos debido a la crisis económica derivada de la pandemia.
Además, también llamó a eliminar el acceso directo de las familias numerosas al bono para que su concesión se rija por criterios económicos y ha solicitado que se modifiquen los criterios para la prohibición de la interrupción del suministro a los colectivos vulnerables en los casos de impago.
Un cambio
Facua reclamó al Gobierno que suavice los requisitos para que sean más familias las que accedan
Actualmente, la norma recoge que no se podrá cortar el suministro «a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes.
No obstante, los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores: cuatro meses desde la primera notificación frente al plazo general de dos.
Casi el 10% de los hogares españoles sufre pobreza energética y se espera que la cifra sea mucho peor después de los meses de confinamiento y crisis económica derivada de la pandemia.
Un porcentaje de rebaja que asciende al 40% y del que, según las estadísticas, ha llegado a 42.366 vulnerables severos tras acreditar unos ingresos mínimos o una situación prolongada de desempleo. Asimismo, a lo largo de 2020 ninguno de ellos fue identificado como persona en riesgo de exclusión social.
En este sentido, en 2019, cuando se contabilizaron 94.284 beneficiarios (45.931 vulnerables y 48.353 casos severos), tampoco se encuadró a nadie bajo ese último epígrafe. En 2018 fueron un total de 78.341.
Por provincias, Salamanca se situó a la cabeza en 2020 con 15.770 personas seguida de cerca por Valladolid con 15.335. Le siguió Burgos, con 10.417.
Por debajo de la barrera de los 10.000 figuraron Zamora (8.901), Ávila (8.011), Palencia (5.714), Segovia (3.440) y Soria (2.873).
A este respecto, las provincias de León y Soria, con un 54,3%, arrojaron el mayor porcentaje de consumidores vulnerables, de acuerdo a los datos de Facua.
Fuentes del sector se escudan en que el nuevo bono social que concede el Gobierno central pretende «dar cobertura a los consumidores que están realmente en una situación de necesidad».