Tribunales
Las defensas aseguran que falta parte del sumario de la estafa de los seguros
Solicitan que se les entregue la documentación pendiente, que retrasará la fecha del juicio
Parte de los vehículos incautados en la intervención. DL
La instrucción de la macrocausa abierta contra más de 70 leoneses acusados de formar parte de una supuesta trama para defraudar alrededor de cinco millones de euros a diferentes compañías aseguradoras, por el sistema de la tramitación de falsos partes de accidentes con los que se cobraban jugosas indemnizaciones, vuelve a retrasarse de nuevo como consecuencia de la interposición de un recurso ante la Audiencia Provincial por el que se expone que varios de los sospechosos, no cuentan con la totalidad del sumario todavía para poder ejercer su derecho a la defensa.
Los 27 detenidos inicialmente en el marco de la operación «Bernesga», presuntamente falsificaban documentación y partes de lesiones de las supuestas víctimas, según la versión que sostiene la acusación pública. Entre los arrestados, se encontraban abogados, procuradores, médicos y fisioterapeutas encargados de dar cobertura legal a los partes médicos.
Amplio volumen
Alrededor de 70 personas permanecen en condición de investigadas por esta causa judicial
Posteriormente se encontró otra línea en la que supuestas víctimas habían sido reclutadas por la organización para conformar una red de presuntas estafas por la misma vía, la de la presentación de partes hipotéticamente fraudulentos con el fin de obtener un beneficio ilícito.
La cifra total de los investigados se acerca a las setenta persona, cada una en un grado de responsabilidad diferente. Llegó a ser de casi un centenar, pero en el transcurso de la investigación se determinó que su responsabilidad penal no estaba delimitada.
La operación se inició en 2012, cuando los investigadores recibieron informaciones de que un bufete de abogados de la capital leonesa estaba supuestamente implicado en una organización dedicada a simular accidentes de tráfico con el fin de estafar a las compañías aseguradoras.
Muchos accidentes
Las primeras investigaciones corroboraron la información recibida por el alto nivel de vida que llevaban varios de los miembros de la organización, así como por el incremento de accidentes de tráfico que tramitaba el referido bufete. Los presuntos autores de los hechos conformaban una organización criminal debidamente estructurada y jerarquizada, compuesta por más de 30 personas que desarrollaban individual y conjuntamente tareas delictivas en función de la actividad profesional de cada uno de ellos, y se dedicaban a estafar a distintas compañías de seguros. La investigación llevada por la Policía, conjuntamente con funcionarios adscritos al servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de León, determinó que la organización criminal comenzó su andadura delictiva a primeros de noviembre de 2009, si bien fue durante los años 2011 y 2012 cuando su actividad delictiva se vio acrecentada.
Sólo durante el año 2012, la organización abrió más de 170 cuentas bancarias, que presuntamente utilizaban para los ingresos de las indemnizaciones que recibían los accidentados de las aseguradoras. En esos dos años el montante estafado a las distintas compañías aseguradoras ronda los cinco millones de euros, de los cuales se han recuperado 272.000 euros y parte de la cantidad restante ha sido blanqueada con la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alta gama.
El papel de supuesto cabecilla de la organización era según la investigación un abogado leonés, quien siguiendo un sencillo método de ejecución, como si se tratase de un accidente ocurrido de forma fortuita, efectuaba los distintos partes de accidentes falsos.
Versión contrapuesta
De acuerdo a sus manifestaciones en sede policial y judicial, la acusación es falsa y no está justificado en absoluto que llevarse un alto nivel de vida, circunstancia que según su versión, se demuestra en la documentación que prueba la solicitud de varios préstamos para hacer frente a la adquisición de algunos de sus bienes.
Su mano derecha al parecer era un funcionario de los Juzgados de León, que se encargaba de dar una mayor celeridad a los procedimientos judiciales que resultaban de interés para la comisión de sus fines delictivos, fotocopiar documentos, sustraer efectos o sellos timbrados, además de encargarse de la captación de otros componentes de la organización.
Entre los presuntos implicados se encontraban además otros abogados, procuradores, médicos y fisioterapeutas, dedicados a dar cobertura legal a las lesiones mientras en un último nivel estarían otras personas captadas para ir a bordo de los vehículos. Todo forma parte de un voluminoso sumario que se instruye en la actualidad.