El Ayuntamiento devolverá a la ULE otros 3.941 € por el IBI mal cobrado

La pugna judicial entre el Ayuntamiento de León y la Universidad por la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de varias dependencias deja todavía flecos por cerrar. Después de las cuatro sentencias idénticas del Tribunal Supremo que dieron la razón a la institución académica, el consistorio opta a ahora por cerrar los procedimientos contencioso administrativos que tiene en los juzgados. El último obliga al consistorio a devolver los recibos correspondientes a la zona de cultivos y prácticas de «la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria», como se recoge en el acta de la junta de gobierno, en la que se opta por desistir del proceso y asumir que la entidad no debe pagar la contribución al ajustarse «su destino a los fines propios universitarios». Como consecuencia, devolverá 3.941,33 euros de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 que había ingresado.

Los recibos se ajustan a los 73.827 metros cuadrados de IBI de rústica de la escuela de Agrícolas, en la que además se contabilizan otros 85.479 metros cuadrados de parcela apuntada como urbana al albergar los edificios de enseñanza y los viales de acceso. La cuenta se suma a los procesos por los otros cuatro inmuebles que ya perdió el Ayuntamiento ante el Supremo: el edificio de Gestión Académica, donde además estuvo ubicada la oficina bancaria de Caja España, que apuntaba 28.805,7 euros; el del restaurante y cafetería en el que están además los servicios de cartografía, publicaciones y reprografía, que anotaba una factura de 112.953,80 euros; el de la cafetería comedor en el que también se ubican los locales de estudio de la radio universitaria, cifrado en 39.221,24 euros; y la parcela donde está el centro de Investigación Cibernética y la Facultad de Educación, con 112.953,8 euros de carga por la contribución. En total 688.679,36 euros por impuestos desde los ejercicios 2011 a 2015, de acuerdo a los importantes que se citan los fallos del Alta Tribunal que se van por encima de los 800.000 euros al añadir los intereses devengados desde las fechas de ingreso.

La resolución del conflicto se sucede después de que los tres pronunciamiento a favor de la Universidad que dictaron los juzgados de León, el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo. Frente a las tesis del Ayuntamiento, que requería una unificación de criterio al apoyarse en sentencias de otras ciudades que daban pie a cobrar el IBI por estos inmuebles que entendían que no estaban destinados a uso educativo, los magistrados fueron contundentes en su pronunciamiento. Sin margen de duda, las sentencias recalcan que «la exención del Impuesto sobre bienes inmuebles recogida en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades para los bienes inmuebles afectos a los fines propios de las Universidades, es de aplicación desde su entrada en vigor, sin que haya sido derogada por ninguna otra norma posterior, en particular, la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales». El argumentario incide además en que «Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen, así como sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria, siempre que los tributos y exenciones recaigan directamente sobre las Universidades en concepto legal de contribuyentes».