Denuncian el ataque a los derechos de los presos al cortar las comunicaciones

Un grupo de 18 colectivos denuncian que «suspender las comunicaciones en las prisiones debido al covid es un ataque directo a los derechos de las personas presas». APDHA, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Sare Herritarra, Esculca, Iridia, Oteando, Salhaketa Araba, Caxpou, ICA Ourense, ALAZ, Marcha Contra la Macrocárcel de Zuera, Campa, Federación Andaluza Enlace, ALA, Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, CLS y AVV Arrebato mostraron ayer públicamente su «preocupación sobre las últimas medidas con relación a la pandemia aprobadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias», en las recomendó «blindar las prisiones contra la COVID-19» hasta al menos el próximo 18 de febrero.

Esta situación supone para estas 18 entidades «eliminar el único contacto cercano a lo físico que les quedaba a las personas presas desde hace casi un año». «Apenas unos días más tarde del anuncio de esta recomendación, la mayoría de las cárceles dependientes del Ministerio del Interior suspendieron sus comunicaciones. Miles de personas llevan desde que comenzó la pandemia sin poder tocar a sus parejas, personas allegadas y familiares, ya que desde el pasado marzo se suspendieron las comunicaciones especiales, es decir, todos los vis a vis íntimos y familiares, con alguna tímida reanudación que en seguida llegó a suprimirse nuevamente», apuntaron. Debido a las restricciones en las comunicaciones, Instituciones Penitenciarias «ofreció a cambio un mayor tiempo para las llamadas telefónicas (pagando) y un nuevo sistema de videollamadas al objeto de sustituir este contacto», abundaron.

Instituciones Penitenciarias informó que de marzo a mayo se habían realizado 54.000 videollamadas. «Si se divide ese número de llamadas entre el número de presos y presas, descontando las de tercer grado, que son 33.500, la media resultante es de un 1,6 por persona presa. Es decir, una videollamada y media en dos meses», reseñaron.

Las organizaciones firmantes insistieron en que «el derecho a comunicar viene garantizado en la Constitución Española no sólo como expresión el artículo 18.3, sino también y primordialmente del artículo 25.2 pues este precepto constituye la norma específica aplicable a derechos fundamentales de las personas presas». «Este derecho tiene una incidencia en el desarrollo de la personalidad de las personas presas y adquiere, por lo tanto, una gran importancia», recalcaron en un comunicado.