El juzgado fija en 6,2 M€ el precio del Monte San Isidro para frenar el litigio

Ha tenido que ser una arquitecta, designada por el Juzgado de Instrucción Número 7 de León, la que determine el valor económico de las 133,7 hectáreas del Monte San Isidro, ante la falta de acuerdo entre la Fundación Sierra Pambley y la Diputación para consensuar su valor económico. En su informe, la técnica fija la cantidad exacta en 6.240.928,98 euros, como parte de las diligencias abiertas ante la demanda civil planteada contra la institución provincial, a la que la fundación exige una indemnización por usos distintos a los obligados en el contrato, que el gobierno del Palacio de los Guzmanes decidió dar en distintos momentos a este gran espacio a pocos kilómetros del centro de la capital.

La Diputación compró el terreno a la fundación en 1949 por 1,30 pesetas el metro cuadrado, lo que supuso para las arcas provinciales el desembolso de un total de 1,7 millones. En el documento de la operación —rubricado entre las partes— se especificaba que este suelo debía ser destinado «a obras de la mayor trascendencia social», una requisito que, según denuncia Sierra Pambley en la demanda civil, no se ha cumplido de forma continuada por parte de la institución.

Ahora que el Juzgado ha determinado la cantidad de la indemnización, se pone fin a las distintas interpretaciones del valor pecuniario que las partes habían dado a este suelo. Mientras que los técnicos de la Diputación fijaron la cantidad en cerca de 6,2 millones de euros, los de Sierra Pambley estipularon en su informe 8,6 millones. «Aceptamos el precio que ha determinado el Juzgado y no vamos a recurrir», asegura el vicepresidente del patronato de la fundación y letrado, Graciliano Palomo.

El abogado incide en que «el equipo de gobierno actual de la Diputación dijo que negociarían con nosotros un calendario de pagos para abonarnos la indemnización y cerrar el asunto, aunque aún no hemos recibido propuesta alguna».

Entretanto, la demanda civil permanece activa —desde febrero de 2019— en el Juzgado de Instrucción Número 7 de León, donde se reabrió en aquel momento después de que la institución provincial —presidida entonces por Juan Martínez Majo— pidiera por segunda vez la suspensión del proceso judicial para intentar llegar a un acuerdo, y expirara el plazo fijado por el juez (60 días) para que las partes llegaran a un pacto y conseguir una salida amistosa a este histórico conflicto.

Según adelanta Palomo, la indemnización que la fundación consiga del Palacio de los Guzmanes pasará a formar parte del capital fundacional con destino a la reserva y con el objetivo de financiar proyectos sociales y formativos ya decididos. Por un lado, la rehabilitación de la Casona de Hospital de Órbigo para promover allí una escuela de agentes de desarrollo rural, en colaboración con la Junta y el Gobierno; y por otro, el acondicionamiento de la Casona de Sierra Pambley en Villablino para reanudar los cursos de verano, que tuvieron que ser suspendidos por la crisis.

El contrato ya estipulaba que en el caso de que la Diputación no cumpliera los fines sociales pactados, la fundación tendría derecho a reclamar una indemnización en metálico. La institución mantuvo durante años un convenio con Sierra Pambley mediante el que pagaba una cantidad cada ejercicio, «a modo informal», como compensación por utilizar los terrenos del Monte San Isidro. El acuerdo fue cancelado en época de la presidenta Isabel Carrasco.