Los trabajos a la comunidad se atascan y medio millar de leoneses deben condena

Medio millar de leoneses están pendientes de la evolución de la pandemia para cumplir sus penas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC), de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al ejercicio de 2019, los últimos de los que se dispone de información anual. El INE cuantifica en 480 personas las que cumplen ese tipo de penas en León, cuya ejecución está pendiente de la evolución de la situación sanitaria, que en algunos casos no se ha podido cumplir por las restricciones y queda sin efecto en determinados casos. Instituciones Penitenciarias informó de 63 supuestos de estas características en el segundo trimestre de 2020, como referencia más cercana en el tiempo.

El pasado 16 de marzo, los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas dirigieron comunicaciones a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y a los órganos judiciales sentenciadores, en sus respectivos casos, en relación con el cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad (en adelante, TBC). En las mismas, informan de que, ante la situación de emergencia sanitaria producida por el coronavirus, situación que tildan de causa mayor, han quedado paralizados o suspendidos los planes de ejecución e intervención y seguimiento por el plazo de un mes. Ponen asimismo de relieve que un gran número de entidades han notificado que dejan de colaborar en el cumplimiento de los planes. En dicha comunicación se solicita además que, a la vista de las consecuencias negativas que dicha situación puede generar en los penados (retraso en la ejecución, en la cancelación de antecedentes, planificación familiar y social), se indique si transcurrido el plazo de suspensión, ese tiempo será computado a efectos de cumplimiento penal efectivo o si se continuaría con la ejecución del plan en el punto en el que fue interrumpido.

La reforma del Código Penal supone una clara ampliación del contenido estricto de las penas de estas características, consistente en la prestación no remunerada de actividades de utilidad social, al contemplarse la posibilidad de la eventual participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación de contenido y proyección plural (laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares), mientras que hasta ahora este tipo de programas estaban vinculados únicamente a infracciones relacionadas con la seguridad vial. Esta reforma supone una importante potenciación de la función resocializadora de esta pena.

El problema radica en su cumplimiento en estos tiempos de pandemia. La Fiscalía General del Estado informó en abril a favor de que a los condenados que estuvieran cumpliendo la pena con trabajos en beneficio de la comunidad se les computen como cumplidas las jornadas en las que no han podido prestar este servicio debido al estado de alarma. «No es al condenado, sino a la propia administración, a quien compete proporcionar el trabajo que permita el cumplimiento de la pena», según el fiscal delegado de Vigilancia Penitenciaria, Jaime Moreno.