El Gobierno no ve problema en el 8-M en la calle que la Junta recomienda evitar

El foco de todas las miradas está puesto en el Movimiento Feminista, cuyas concentraciones en la calle planteadas para el próximo lunes se han convertido en materia de debate nacional y excusa para el enfrentamiento político. Después de un año de manifestaciones de todo tipo de sectores, la Junta «recomienda» en palabras de su vicepresidente, Francisco Igea, que no se celebren las del 8-M, mientras el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, no ve problema porque la autoridad sanitaria no informa de razones que lo impidan.

En busca de claves, el artículo 7 del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre que declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el covid aclara que: «Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en el ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios».

Y el Movimiento Feminista en León presentó una estrategia de separación de las mujeres que acudan a la plaza de Santo Domingo el día 8 a las 19.00 horas en tres círculos concéntricos de 180 metro, 150 y 120 para situar un tope de 225 personas. Según confirmaron, no han recibido de la Subdelegación ningún impedimento para celebrar en la calle el 8-M que ven «más necesario que nunca».

 

 

La Junta dejó ayer en manos de Izquierdo la desautorización de las concentraciones del Día Internacional de la Mujer. Los informes del Ejecutivo regional sobre el asunto respaldan lo dicho por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, «de que no ha lugar a las mismas», según explicó Igea, quien recomienda que no se produzcan «actos multitudinarios» pero de ningún tipo, sea el evento que sea, con independencia del «credo y opción política» que los plantee. El vicepresidente insistió en que quien autoriza esas citas «es el delegado del Gobierno aquí y en Sevilla». También recordó que el Consejo de Gobierno autonómico «no puede limitar los derechos fundamentales», como recoge el decreto del estado de Alarma, que indica que la autoridad competente es el Gobierno central. Igea insistió en que apoyan a la ministra de Sanidad en que «no se celebren esos eventos», pero quien tiene que tomar la decisión es el delegado del Gobierno, «es su obligación». Por su parte, Izquierdo aseguró ayer que no hay ningún informe sanitario en contra de la Junta y recordó que el Gobierno no autoriza las manifestaciones, sino que recibe la comunicación de que se pretenden celebrar, aunque «puede poner limitaciones y podría llegar a prohibirlas si pueden suponer algún riesgo». Por esa razón, ante cada convocatoria se pide informe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Si no hay ninguna razón sanitaria que lo desaconseje no se prohibirán ni estas manifestaciones ni ninguna otra», indicó.