La Junta avala el plan industrial de Labiana para Laboratorios Ovejero

La Junta avaló ayer el plan industrial que Labiana quiere desarrollar en Laboratorios Ovejero si finalmente compra la empresa dedicada a la fabricación de productos veterinarios y que arrastra desde hace tiempo problemas de liquidez. «Es un grupo solvente, consolidado, que ya ha demostrado que conoce el sector y que se compromete con León», apuntó el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, nada más salir de la reunión de trabajo con representantes de ambas compañías y de los sindicatos.

No obstante, la Administración autonómica condicionó su apoyo a que «no se sobrepase la situación de preconcurso» porque entonces la ley ya no permitiría esa mediación. Exigirá también la continuidad de la actividad y de los 76 empleos. En este sentido, ya hay un acuerdo con la plantilla para liquidar las diez nóminas pendientes con un calendario de pagos que devolvería la paz social a Laboratorios Ovejero, pero hace falta un inversor que asuma su control ante la amenaza de liquidación.

Por ese motivo, CC OO y UGT solicitaron el 1 de marzo a la Fundación Anclaje la constitución de un grupo específico para abordar la situación de una de las empresas con más arraigo en la capital leonesa. De ahí el encuentro de ayer, que fue solo una primera toma de contacto antes de la próxima cita que tendrá lugar en unos diez días como mucho. En ella se «abordarán las gestiones que han hecho las dos partes y el estado de las diferentes negociaciones con los acreedores», reveló Ángel Santos, secretario provincial de Industria en Comisiones Obreras.

Respecto a la posible compra, es «optimista» y subrayó, al respecto, la voluntad del Grupo Labiana para «sufragar las nóminas atrasadas». El único problema que complica la operación es la elevada deuda que arrastra la compañía y que lastra su continuidad si no se enjuga de forma considerable. Todo dependerá de la respuesta que den los acreedores a la propuesta del futuro propietario, que cuenta con el respaldo de la Junta, el comité de empresa y los dos sindicatos mayoritarios. Ángel Santos calcula que dispondrán de un mes por delante para solucionar este conflicto antes de que Laboratorios Ovejero entre en fase concursal, lo que convertiría a la Administración autonómica en un acreedor más.