El PP exige la retirada del amianto de las ruinas de Bodegas Armando

El Grupo Municipal del Partido Popular señala en un comunicado que "continúa haciéndose eco de las denuncias de los vecinos de las ruinas de Bodegas Armando ante la desidia y la dejadez municipal. La presencia de ‘uralitas’ viejas en mal estado con presencia de amianto y altamente peligroso para el sistema respiratorio causa nerviosismo entre los vecinos al desprenderse las partículas al aire". Los populares siguen "esperando al informe solicitado en la Comisión de Desarrollo Urbano para conocer la peligrosidad de esta situación y en su caso adoptar las medidas urgentes necesarias".

El comunicado recuerda que el RD 396/2006 permite el uso de la ‘uralita’ instalada solamente hasta el final de su vida útil que se estima de media entre 25 y 35 años, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otros estudios del sector de la construcción. "Bodegas Armando incumple claramente las recomendaciones y aporte peligrosidad en la calidad del aire que respiran los vecinos de los edificios anexos", señalan.

Desde 2014 no se puede ni vender ni adquirir productos con amianto. El amianto es un material tóxico que se disgrega en pequeñas fibras que se desprenden en el aire. La exposición continua al amianto puede provocar problemas respiratorios por inhalación de las fibras de este mineral y puede derivar en enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón o mesolelioma.

"Los vecinos exigen la retirada inmediata de estas placas en mal estado para evitar que se dispersen por el aire las fibras. Han vuelto además a reclamar medidas al Ayuntamiento, que permanece impasible con esta edificación ruinosa, porque el alcalde no lo tiene delante de sus ventanas”, destacan desde el PP municipal.

 

La nueva ley estatal obligará a actuar

El amianto está presente en colegios, edificios de viviendas y oficinas, naves industriales, pabellones… Una ‘epidemia silenciosa’, para varias organizaciones medioambientales, de un material muy común en la construcción en la segunda mitad del siglo XX.

El Gobierno ultima la nueva Ley de residuos y suelos contaminados que entrará en vigor esta primavera. Una normativa que obligará a todos los ayuntamientos de España a elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario para la retirada de este material cancerígeno antes de enero de 2023. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año en Europa se diagnostican entre 20.000 y 30.000 nuevos casos de enfermedades relacionadas con el amianto. Ante esta situación, los municipios tienen que actuar de inmediato ante la ingente labor de localizar y clasificar cada uno de los lugares con presencia de este material.