El transporte urbano sacará los buses azules a la estación, quitará líneas y sumará frecuencias

La finalización de los contratos del autobús urbano, dependiente del Ayuntamiento, y del interurbano, controlado por la Junta, abre el escenario para la reorganización del transporte que englobe a León con el área metropolitana. No se quieren más solapamientos de líneas, con vehículos que hacen el mismo recorrido pero con distinta titularidad y dan el mismo servicio, pero por duplicado, también en la factura. Ni tampoco se cuenta con mantener como nodo neurálgico la plaza de Santo Domingo, convertida ahora en un foco de tráfico y contaminación. El nuevo plan, que ya tienen avanzado las administraciones municipal y autonómica, apuesta por crear un gran intercambiador en la estación de autobuses de la avenida Sáenz de Miera. Todos los buses azules llegarán hasta este punto, sin opción a ninguna parada más en la ciudad. Mientras, los rojos reducirán las 13 líneas actuales, con un sentido circular y sin apenas entrar en el centro, aumentarán frecuencias para reducir los tiempos de espera a 15 minutos y llegarán hasta los cinco enclaves fuera del término municipal en los que se ha detectado que existe la mayor demanda: Trobajo del Camino-San Andrés del Rabanedo, Villaobispo-Villamoros, Navatejera-Villaquilambre, La Virgen del Camino y el polígono de Onzonilla.

Este es el mapa que hay sobre la mesa de negociación, aunque todavía sin cerrar. En las próximas semanas se afinarán bien las localidades que entran de manera definitiva, con el consiguiente concurso de los ayuntamientos afectados, pero ya se ha dejado claro que no se trata de que los autobuses rojos lleguen hasta cada una de las localidades del área metropolitana. Esta función quedará para los azules, en los que la Junta tendrá que mantener el esquema de asistencia para que no quedan pueblos sin línea directa con la capital.

El modelo encaja en la necesidad de dar servicio al gran área metropolitana en el que se acumulan 205.895 habitantes, más del 44% del padrón provincial. Los 16 ayuntamientos que se agrupan en esta figura, declarada por la Junta, cuentan con una mancomunidad de interés general urbana. Aunque esta entidad permitiría acoger la gestión, el problema reside en que el Ayuntamiento de la capital leonesa cuenta con una cláusula en el contrato de concesión en vigor del transporte urbano en la que se establece que, en caso de creación de un servicio mancomunado, el compromiso con la empresa se prorrogará de manera automática por 10 años. No tiene ninguna intención el consistorio de León, que quiere librarse del actual contrato con Alesa, filial de Alsa, al igual que la sociedad que tiene el transporte interurbano. Para lograrlo se ha encargado un informe que defina qué figura jurídica se emplea. En principio, se prefiere un convenio interadministrativo en el que estaría no sólo la Junta, sino también los ayuntamientos que se beneficien y que deberían hacer una aportación.

Las labores para lograr este acuerdo se solapan con el avance de la solución para el transporte urbano. El contrato actual vence a finales de noviembre, pero la empresa ha reclamado que se prorrogue por tres meses: los que hubo de parón al comienzo de la pandemia. La cesión lleva el plazo hasta final de febrero. El Ayuntamiento descarta por ahora de manera clara sacar un nuevo contrato de concesión como el que tiene. El acuerdo le cuesta al consistorio cerca de 7 millones de euros anuales, de los cuales se detraen apenas los 2,8 millones de euros del billetaje. Los 4,2 millones de euros del resto los tiene que asumir como déficit la administración.

La cantidad se fija como objetivo de coste a partir de ahora, pero con una gestión directa por parte del Ayuntamiento, que asumiría a los cerca de un centenar de trabajadores. El plan principal se centra en lograr la municipalización y dejar el billete en un precio simbólico, que podría fijarse en 0,10 euros, para promover el uso del transporte público, como compronetió el PSOE en su programa electoral. La decisión dependerá del estudio encargado al Ildefe sobre los costes. Como alternativa se contempla sacar un concurso para un contrato de servicios, en el que el adjudicatario percibiría una cantidad fija, a su riesgo y ventura, no como sucede ahora.