El ingreso mínimo vital solo llega al 6,4% de los hogares más vulnerables

Los primeros días en que se comenzaron a aceptar las solicitudes del ingreso mínimo vital, M. D., de 53 años y en paro desde hace tres, rellenó los formularios. Todavía espera por la respuesta. En diciembre llamó y le dijeron que no volviera a solicitarlo. «Yo espero que alguien me conteste pero mientras tanto me puedo morir de hambre o perder mi casa», asegura M. D. uno de los 347.000 casos que siguen sin una notificación por parte del Gobierno.

El 30% de los que han sido solicitados, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios. De los que sí han obtenido una respuesta, tres de cada cuatro han sido rechazados y sólo se ha visto favorecido el 1,2% de la población española, según se desprende de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En León hay 2.161 solicitudes sin respuesta

El ingreso mínimo vital ofrece menos cobertura que el sistema de rentas mínimas que ha desplazado, asegura la asociación de directores sociales. «El mayor avance en protección social de los últimos tres lustros, se desangra por procedimientos complejos y una errática gestión, abocando al abandono a los 12 millones de personas que malviven en la pobreza y poniendo en riesgo la cohesión social», asegura José Manuel Ramírez, presidente de esta organización, quien calcula que cada caso sin respuesta puede afectar a unas tres personas. «Más de un millón de solicitantes que están atrapados en la telaraña de la burocracia y el sin sentido de farragosos procedimientos. El síntoma más evidente son las colas del hambre que ponen en evidencia un nuevo fracaso de las políticas».

Para M. D. «el ingreso mínimo vital es un engaño, para tener a la gente más tranquila». En efecto, su alcance real ha sido limitado, en sus primeros nueve meses de existencia. De las personas que viven bajo el umbral de pobreza en España, sólo el 6,4% se beneficia de esta ayuda que únicamente ha ejecutado el 40% de su presupuesto anual (920 millones de euros de los 3.000 millones previstos), denuncia esta asociación dedicada a la dependencia y los servicios sociales.

D., de profesión carpintero que perdió su empleo con una de las sacudidas del sector inmobiliario, saca sus cuentas: «Percibo 426 euros de paro, lo que se paga de letra del piso. Una vez que lo pago, me alimento del aire, de las ramas de los árboles. Llevo arrastrando atrasos, también de la comunidad».

Tuvo que engancharse a la luz por falta de pago y sabe que también podrían cortarle el agua. «No iba a dejar a mis hijas sin luz», se justifica quien ha intentado obtener la ayuda de su ayuntamiento, sin éxito, y acude a diferentes programas de Cruz Roja. «No soy ningún caradura».

¿El programa bandera de igualdad económica del Gobierno de coalición ha fracasado antes de ponerse en marcha? «Urge abandonar la vía de las modificaciones siempre parciales y cortoplacistas producidas vía Real Decreto», dice Ramírez. «Hay que enmendar el diseño en cuanto a cobertura de determinadas situaciones y, sobre todo, en cuanto a los procedimientos y requisitos para la concesión y el posterior seguimiento, de las ayudas».