Rechazo al proyecto de central
Villaquilambre devuelve a Somacyl dinero de la biomasa
Al frustrarse la planta, reintegra 200.000 euros de la licencia de construcción
El Ayuntamiento de Villaquilambre devolverá a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) los casi 200.000 euros que este organismo pagó en concepto del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras en el año 2018 cuando preveía edificar la planta de Biomasa en el municipio. Una iniciativa que hoy está parada.
El reintegro de esa cuantía se enmarca en los pasos que el equipo de Gobierno está dando para formalizar la renuncia al proyecto de central de biomasa que en su día contó con un importante rechazo popular.
La devolución se llevará a cabo en base al acuerdo plenario tomado en junio del año 2019 en el que la Corporación «solicitó a la Junta como Administración accionista de la empresa pública Somacyl que tenga a bien ordenar a dicha mercantil que materialice su renuncia a la tramitación de los tres expedientes seguidos en el Ayuntamiento de Villaquilambre y a las licencias o autorizaciones municipales solicitadas en esos expedientes».
La tramitación se llevará a cabo a través de un decreto de Alcaldía que será rubricado en abril, lo que significa que solamente quedaría en el aire la devolución las tasas municipales cuantificadas en 68.302,79 euros, una decisión que está pendiente de que los técnicos municipales determinen su procedencia o no.
El primer teniente de alcalde y representante de la agrupación de electores Vive Villaquilambre, Ricardo de Dios, mostró su satisfacción por el desenlace del proyecto. «Firmamos un pacto con el presidente de la Junta y uno de los puntos fundamentales era la renuncia a la construcción de una planta de biomasa en el municipio. Desde el principio de la legislatura estamos dando pasos en este sentido y está iniciativa lo corrobora».
El pasado mes de octubre, la Junta y Villaquilambre se reunieron para limar un acuerdo económico que ponga fin a la situación, ya que Somacyl reclama casi medio millón de euros no sólo de la licencia de construcción, sino también de la apertura y funcionamiento, tasas y el proyecto de obras, que lleva parado 22 meses.
Lo cierto es que el reloj avanza desde que el 14 de junio de 2019 el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco sacrificó por escrito la planta de biomasa por la fuerte contestación social que había generado (se registraron 3.200 alegaciones). Un anuncio que sirvió además de pegamento al pacto de gobierno a cuatro que aupó a la Alcaldía al regidor de Villaquilambre, Manuel García, en detrimento del PSOE. Falta el desestimiento formal y definitivo de Somacyl que pasa por la cuestión económica.
La idea de la biomasa en León encuentra obstáculos desde 2016, primero con su frustrada ubicación en Cantamilanos y en 2017, en Nava, con un presupuesto de 18 millones para evitar 53.000 toneladas de dióxido de carbono.