La defensa acusa a la Policía Nacional de mentir deliberadamente para incriminar al procesado

María Luisa Hermida, la letrada defensora del acusado por el crimen del barrio de la Sal, acaba de asegurar que tiene constancia y pruebas de que la Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo mintió deliberadamente para incriminar al sospechoso. “Sé que me enfrento a una posible querella criminal, pero aquí estoy para responder”, dijo en el juicio que acaba de terminar en la Audiencia.

El acusado se enfrenta a una pena de 27 años de prisión, juzgado como supuesto autor de un delito de asesinato y otro de robo con violencia por la muerte de un jubilado en agosto de 2017 cuando la víctima paseaba de noche junto a su esposa por el barrio de La Sal. La defensa del procesado solicita la libre absolución por falta de pruebas. Un jurado popular determinará mañana si es culpable o no culpable.

La abogada se preguntó sí de verdad está acreditado que el autor del crimen fue el acusado: “No es cierto que nuestro sistema legal sea garantista porque no se ha respetado la presunción de inocencia, siempre se le ha querido condenar”. Rechazó que el motivo del asesinato fuera evitar que lo identificaran tras el robo “porque entonces habría matado también a su mujer”.

Lamentó que el juicio se convirtiera en una diatriba moral “en vez de un asunto legal”, y calificó de “asombroso” el cúmulo de errores que apreció en la instrucción, para lo cual se fijó en todos los mínimos desajustes que encontró en las diligencias buscando la duda en el jurado, en su lícito papel de defensa. Señaló que la viuda declaró que su marido no pudo defenderse del ataque mientras una vecina alegó que había apreciado un forcejeo, los problemas en las ruedas de reconocimiento “que se hicieron a la carta y fueron manipuladas” y en definitiva la escasa solidez de los indicios desde su punto de vista.

Sí dio validez al hecho de que entre las pruebas biológicas no se hallaran restos del agresor en el agredido y viceversa. “El autor del crimen vivía cerca de la zona de los hechos”, advirtió y aseguró después que el inspector de la Policía Nacional que dirigió la investigación “ha mentido. Soy consciente de que me puede caer una querella, pero aquí estoy para responder. Nunca en mi vida he visto un atestado peor, ni siquiera está firmado “.

Dejó entrever que solicitará la nulidad del juicio por errores de forma: “No se han puesto de acuerdo ni para mentir”. Advirtió que se usaron fotos en la causa “que no estaban en las actuaciones, se lo inventaron”.

Se preguntó si la Policía trata de adjudicar ahora a su cliente el asesinato de Jorge Barrioluengo, que fue investigado en 2006 por aquellos hechos aunque no se consiguió resolver el caso, que ocurrió en una zona cercana.

La fiscal Mònica Alonso abrió el turno de informes finales para explicar por qué considera que el juicio ha servido para demostrar la culpabilidad del acusado. “Hay personas normales que cometen hechos que no son normales”. Reiteró su condición de imparcial “a pesar de que puede parecerles que me he tomado muchas molestias, pero sólo he tratado de cumplir con mi trabajo “, dijo la representante del Ministerio Público.

“Si cabe, ahora creo que hay más evidencias de que el acusado fue el autor de los hechos”, afirmó. Consideró prueba directa que la viuda reconociera e identificara al acusado como el varón qué atacó a su marido. “Si solo hubiera sido por el móvil hallado en el lugar del crimen (era propiedad del sospechoso) yo no hubiera acusado”, afirmó la fiscal.

El error “que reconoció el investigado "fue “quedarse de fiesta, porque así no se cambió de ropa y no se deshizo de los objetos que había robado y se le pudo detener e identificar”. Dijo que hay muchos más indicios “pero verán que la defensa va a decir que son meras casualidades”.

Entró luego en las consideraciones jurídicas para justificar ante el jurado los cargos por asesinato y robo con violencia. “Pretendía matar porque lo apuñaló con tal fuerza que le hizo un moretón en el pecho junto a la herida”, afirmó. 

Aparte del testimonio de la viuda, la fiscal considera que está probado que el fin del robo era obtener un beneficio ilícito y que había intención de matar en el ataque. La autoría se justifica en las contradicciones en sus versiones. “Cuando declaró en el juzgado dijo cosas que aquí no iba a decir y yo le iba a pillar en la mentira”.  Se refería a la versión según la cual dos gitanos le vendieron los móviles de las víctimas que se hallaron en su poder. “Claramente miente”, reiteró. “¿Como es posible que a las 23.20 tuviera en su poder el móvil para hacer una llamada a su amigo del gimnasio y que luego se lo robaran?”. No está probado “pero pienso que quería comprar drogas, su amigo no se las vendió porque no tenía dinero y robó a los primeros que vio para conseguir sus propósitos”.

Hizo hincapié en los cambios físicos que ha experimentado el acusado “que ha perdido diez kilos, se ha cambiado el corte de pelo y ahora usa gafas”, remarcó y lo achacó a su voluntad de dificultar en el juicio que se le reconociera. También llamó la atención sobre el hecho de que en una noche de agosto como en la que ocurrieron los hechos, el sospechoso vistiera una cazadora de invierno para ocultarse.  Y recalcó cómo el acusado asintió inconscientemente con la cabeza cuando una testigo aseguró en sala que al autor de los hechos se le había caído un teléfono en su huida.

Incidió en la importancia del pendrive como indicio claro “porque un amigo del fallecido reconoció que le había grabado al menos dos películas que contenía el pincho que apareció, también debió ser por casualidad (ironizó) entre las posesiones del sospechoso”.

No caben atenuantes o eximentes por consumo de drogas “porque no lo ha probado y esa era misión de su defensa”. Tampoco cabe considerar la existencia de dilaciones indebidas, desde su punto de vista “porque la pandemia nos ha retasado a todos y eso está reconocido por el Tribunal Supremo “. Llamó la atención sobre la hoja de antecedentes penales del acusado, con condenas por robo con intimidación, robo con violencia, lesiones graves y hurto. 

El letrado de la acusación particular, Daniel de Diego, afirmó que cambiaría “todo el dinero” que va a cobrar por su trabajo en este caso “por que la víctima siguiera con vida”. Añadió: “Si por mi fuera pediría para el acusado la pena de muerte sin ningún remordimiento”.