El jurado popular declara al acusado culpable de asesinato por unanimidad

El jurado popular responsable del veredicto del juicio por el crimen del barrio de La Sal consideró anoche culpable por unanimidad al sospechoso de la autoría de los hechos y en una decisión demoledora, dio por probados todos los argumentos contrarios a las tesis que esgrimía el procesado y solamente dio por no probado un planteamiento: que tenía una fuerte adicción a las drogas en la época en la que ocurrieron los hechos.

Visto el veredicto, el Ministerio Fiscal solicitó que ahora la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado dicte una sentencia condenatoria por asesinato y robo con violencia, cuyas penas sumarían 27 años y medio de prisión, de los que se descontarían los tres años y medio largos que ya lleva cumplidos.

No fue necesario emplear el fuerte dispositivo policial que se dispuso para la ocasión por si el acusado provocaba algún tipo de incidente tras la lectura de la decisión de la justicia popular. El ya condenado escuchó cabizbajo a la portavoz del jurado, musitó algo en bajo cuando supo —antes de que acabaran de leerlo— que el veredicto ya no tenía remedio para él y recibió dos besos de su letrada defensora, que solicitará la nulidad del juicio por apreciar errores graves en la instrucción. Por de pronto, la sentencia subsiguiente será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La representante del Ministerio Fiscal propuso que a la pena se añada una disposición por la que cuando el condenado acceda al tercer grado, se le expulse del país (es venezolano) por entender que aunque tiene cuatro hijos y dos nietos en España, no se dan las condiciones de arraigo familiar.

Fue más allá la acusación particular y en nombre del fallecido, solicitó que el condenado no disfrute de beneficios penitenciarios hasta que haya cumplido el 50% de la condena, catorce años. La representación procesal del ya considerado autor del crimen propuso rebajar a tres años y nueve meses de prisión la pena por dilaciones indebidas (retrasos en la instrucción hasta llegar al juicio) y por la adicción a las drogas de su cliente, o en su defecto siete años y medio de cárcel si solamente se contempla una de las dos atenuantes mencionadas.

El condenado acepta los 120.000 euros de indemnización a la viuda por la muerte de su marido, 5.000 por los gastos del sepelio y 14.000 por los daños morales causados a la damnificada. Es insolvente en la actualidad.

De acuerdo al veredicto del jurado, queda probado que el jubilado y su esposa paseaban por el barrio de La Sal la noche del 19 de agosto de 2017, cuando a punto de llegar a casa, el acusado les abordó. «Dadme todo lo que tengáis u os mato», les dijo. El marido lo hizo así y le entregó su bolso, pero de forma sorpresiva, recibió una puñalada en el corazón y murió en pocos minutos.

Su esposa también entregó sus pertenencias sin oposición. El autor del crimen huyó, pero perdió cerca de la zona de los hechos un teléfono móvil a nombre de su pareja, que utilizaba habitualmente él. Gracias al hallazgo y a la descripción aportada por la viuda, fue detenido seis horas después del crimen. Todavía llevaba encima los dos teléfonos móviles del matrimonio y un pendrive propiedad del fallecido, que tenía grabadas al menos dos películas que le pasó un amigo.

Para el jurado, no es veraz la versión del condenado. Dijo que su móvil estaba en el lugar del crimen porque se lo robaron y que tenía los terminales del matrimonio porque se los habían vendido dos gitanos. Aseguró que el pendrive era suyo y está convencido de que la Policía lo acusó por no haber podido esclarecer un crimen de 2006, por el que fue detenido y puesto en libertad.