El registro salarial obliga a más de 13.000 empresas

Todas las empresas de León con al menos un trabajador tendrán que poner en marcha de forma inmediata el registro salarial de sus plantillas para evitar cualquier tipo de discriminación por cuestión de género. La brecha económica entre hombres y mujeres todavía ronda el 22%.

La medida, que entró en vigor hace ahora una semana, aunque muy pocos centros la cumplen de momento, afecta en la provincia a 13.538 compañías, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Prácticamente todas, 12.433, son pymes que no llegan a los diez trabajadores. Solo hay 64 en León que superan el centenar de personas en nómina, donde es más sencillo poner en marcha una base de datos que recoja lo que ingresa cada uno de los empleados, incluidos los altos cargos.

El registro debe arrojar los valores medios de los salarios, complementos y percepciones extraordinarias, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías o puestos según la jornada u hora trabajada.

Si la diferencia salarial entre hombres y mujeres sobrepasa de media el 25%, la dirección tendrá que justificar que no existe discriminación por cuestión de género y que la asimetría de los sueldos responde a cuestiones objetivas.

Tal y como aseguró la ministra Yolanda Díaz al aprobarse el reglamento, el registro retributivo permitirá denunciar la desigualdad salarial, lo que puede conllevar multas de la Inspección de Trabajo de hasta 178.500 euros para los infractores.

A esta herramienta, creada por el Gobierno para reducir las diferencias, se suman las auditorías salariales, que ya están obligadas a realizar las empresas de más de 100 trabajadores, mientras que las de 50 a 99 lo estarán a partir del 1 de marzo de 2022. Estos controles externos deben incluirse en los planes de igualdad. Según los datos de convenios colectivos que proporciona la Administración, en 2020 se firmaron 145 acuerdos de empresa que ya los incorporaban, el 34,2% de los suscritos el pasado año, que afectan a 77.281 personas.

En total, el Registro y Depósito de Convenios Colectivos cuenta con 2.805 planes de igualdad registrados en la actualidad, ya sean con acuerdo o sin acuerdo con la representación sindical.

La información que se desprenda de los registros y de la auditoría debe ser accesible para la plantilla y podría servir para llevar a cabo acciones judiciales o administrativas si no se corrigen las diferencias o no se desarrollan los planes de igualdad en los centros de trabajo. Las infracciones están sancionadas con multas económicas que van desde los 6.251 euros a los 178.500 si son muy graves. Sobre esto, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, asegura que «el registro salarial y la auditoría nos van a permitir acercarnos a la realidad de cada empresa. Ahora tenemos los instrumentos. Tenemos por delante el gran reto de aplicarlos para alcanzar la igualdad plena».

Recordó al respecto que «la última brecha salarial se sitúa en el 21,41% y es la más baja de los últimos once años, pero a pesar de ese descenso, las mujeres cobran de media al año 5.726,30 euros menos que los hombres y si el descenso de medio punto en la brecha salarial en 2018 respecto a 2017 se mantuviera constante en el tiempo, se necesitarían 43 años para que la brecha salarial desapareciera por completo.

Dadas las dificultades que han tenido algunas empresas en la elaboración de estos registros, sobre todo las más pequeñas, el Gobierno ha creado una herramienta que se presentó la semana pasada para facilitar esa adaptación. Permitirá hacer «sencilla, inteligible e intuitiva» la elaboración de esos registros salariales, con criterios más concretos sobre cómo se totaliza, explicó a EFE la directora de Empleo de la CEOE, Rosa Santos.

No obstante, los gestores administrativos alertaron en su último barómetro de que el 80% de los autónomos o no sabe cómo se hacen este tipo de registros o auditorías o no conoce la nueva normativa que obliga a todas las empresas con al menos un asalariado a llevar una cuenta pública de los sueldos.