Hacienda reprende a Diez por saltarse los ajustes presupuestarios que le impone la ley
El ministerio condiciona la aprobación en el informe que el alcalde de León debía haber pedido antes pero que omitió
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Cuando tenía que haberse pedido, entre la aprobación provisional y la definitiva, no se hizo y, ahora que ya está ratificado el presupuesto de 2021, el Ministerio de Hacienda emite su informe «favorable», aunque «condicionado» al cumplimiento de ocho «ajustes». No cabe obviarlo, como se remarca en el documento enviado por la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, en el que se le recuerda al equipo de gobierno, presidido por el socialista José Antonio Diez, que el cumplimiento es «preceptivo y vinculante». El apunte se remarca tras advertir que «se ha comprobado que incumplió tres de las cinco observaciones que ya le impuso en las cuentas de 2020. «Cabe concluir que el Ayuntamiento no habría dado pleno efecto a los requerimientos exigidos, lo que supone una vulneración de un precepto legal», sentencian desde el departamento encargado de vigilar a los ayuntamientos que tuvieron que acogerse a los planes de ajuste.
El informe subraya que la administración dirigida por Diez incumplió los «ajustes en ingresos por matrícula», en los que se requiere que se presupueste de acuerdo a los tributantes apuntados y no a expectativas; en los «ajuste en ingresos por criterio de recaudación», donde se reclama que se tome como referencia lo obtenido de manara líquida en caja; y la «dotación de la provisión por dudoso cobro», referida a las cuentas arrastradas que no se prevé ya poder ingresar pero que deben estar aprovisionadas.
Los tres ajustes necesarios por ley se repiten en los condicionantes para emitir el informe favorable a las cuentas de 2021. En las conclusiones, los técnicos de Hacienda inciden en que se debe «aprobar el presupuesto con un saldo positivo en operaciones corrientes que permita absorber el saldo por devolución de ingresos indebidos con que se estime liquidar el presupuesto de 2020». El apunte hace referencia a los 239.407,90 euros que se cobraron por actividades que al final no se prestaron, como las vinculadas al auditorio y a las instalaciones deportivas, y que hay que devolver. Junto con esta partida, que tendría que haberse presupuestado como mayor ingreso sobre los gastos totales y ahora habrá que resolver si se arregla con su declaración como crédito indisponible, se reseña además que hay que atender «los saldos deudores procedentes de liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 en la participación en los tributos del Estado», pero que ya están resueltos.
La reprimenda se extiende a los criterios con los que el equipo de gobierno anota los ingresos. El departamento ministerial insiste en que «las previsiones iniciales del IBI de naturaleza urbana, del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y del IAE deben limitarse al importe del padrón y matrícula que se aprueben para 2021, sin que puedan incluirse nuevas altas derivadas de una mera expectativa de cobro». Sobre la misma materia se incide al recalcar que «las previsiones iniciales del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (Icio), de las tasas por la realización de actividades de competencia local y de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local han de limitarse al importe de la recaudación total media de los tres últimos ejercicios». Sin salirse de estos capítulos, advierte de que «no deben mantenerse las bonificaciones tributarias contrarias a lo dispuesto en la Orden PRE/966/2014», como las aprobadas para bonificar el IBI a los hoteles o eximir del pago de las terrazas.
El listado se completa con la exigencia de «adoptar acuerdo por órgano competente para la correcta dotación de la provisión por derechos de dudoso cobro»; disponer de «un compromiso firme o convenio» de aportación de las subvenciones de otras administraciones y de los ingresos patrimoniales; y «mantener una senda de contención de los gastos de funcionamiento en 2021, y garantizar el cumplimiento del límite en la liquidación presupuestaria».
