El Ayuntamiento embarga la plaza de toros por una deuda de 250.000 € para subastarla

La última faena de la plaza de toros del Parque se lidia en el Ayuntamiento de León. El consistorio ha dictado el embargo del coso taurino, propiedad de Actividades Taurinas SL, tras la reclamación repetida de una deuda tributaria cercana a los 250.000 que se arrastra de varios ejercicios. La ejecución de la obligación fiscal por la vía de apremio, justificada en los impagos de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de recogida y tratamiento de basuras, se concreta ya en la tasación del inmueble efectuada por el Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (Ilruv). A partir de aquí, si no se salda lo debido, se estima que después del verano la administración municipal sacará la instalación a subasta pública mediante el nuevo sistema habilitado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que la institución pueda cobrar lo adeudado.

La subasta tomará como tipo de partida la valoración efectuada por los técnicos del Ilruv como respuesta a la encomienda dictada por el Ayuntamiento dentro del proceso para los «inmuebles embargados a fin de proceder a su enajenación», según se explicita. El documento fija la tasación de la plaza de toros del Parque en 3.484.349 euros. La cifra se comunicará a los propietarios para que, «en caso de discrepancia», pueda «presentar valoración contradictoria realizada por perito adecuado en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación», según se reseña en el Reglamento General de Recaudación. De la consecución de este paso depende ahora el avance del procedimiento que terminará por asentar un valor de referencia para salir a subasta.

Aunque el tipo depende además de que la empresa cuente con embargos pendientes en otras administraciones. Si estas anotaciones son anteriores a la registrada por el Ayuntamiento de León, la ley marca que debe descontarse del valor estas otras deudas a la hora de subastarse, con el apunte de que el comprador se tiene que hacer cargo de la carga. Cobra primero quien antes haya apuntado la obligación del deudor. La regulación hace que, una vez enajenado el inmueble, el consistorio de la capital leonesa ingrese los más de 250.000 euros que tiene pendientes la propiedad y dé paso a que hagan lo propio el resto de organismos que pudieran hallarse en la misma situación. Resueltos todos los débitos, si queda dinero, se entrega a los titulares de la instalación.

Hasta el mismo momento de la subasta, el proceso se cierra con el pago de la deuda. Pero en caso contrario se ejecuta. No se hace ya mediante acto público directo en el salón de actos municipal. La nueva regulación depende del BOE, que anuncia 20 días antes la fecha y, a tiempo real, organiza la presentación de las plicas, ofertas y contraofertas.