El nonagenario leonés que demandó a Bankia hace llegar su caso hasta la Audiencia Nacional

El cliente leonés de Bankia que había denunciado a la entidad bancaria, a la directora de una de las sucursales de León y al empleado que se encargaba personalmente de sus asuntos, ha decidido promover otra demanda, ahora ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para poner en su conocimiento la pérdida de casi 700.000 euros de su patrimonio por prácticas que atribuye a la entidad recientemente fusionada.

La acción se extiende también contra el Banco de España, el departamento de conducta de entidades y el Tribunal de Cuentas. A tal efecto ha solicitado a los ilustres colegios de abogados de Madrid y de Asturias que certifique su condición de letrado, para proceder de forma adecuada.

En su relato de la denuncia refleja que la oficina de la capital designó a un asistente especial experto consejero del banco para asistir al denunciante. Por su conducto, éste compró en 26 operaciones un total de 624.500 títulos de Bankia.

Según relata Cesáreo Jurado, en 2017 Bankia celebró una junta general en la que aprobó una reducción del capital social para ampliar la reserva sociales y un contrasplit por el que cuatro acciones se agrupaban en una, cuyo nominal era la suma del nominal de las cuatro anteriores.

Como las acciones Bankia así amortizadas no se pagaron a los accionistas por su valor real y los denunciados no avisaron al denunciante, perdió 393.750 acciones Bankia, que valoradas a 1,71840 en el último cambio bursátil, suponen un total de 702.450 euros de pérdidas.

Además se produjo la pérdida de los dividendos de esas acciones, y para disimular el supuesto fraude delictivo que denuncia, se compraron al cliente «a precios abusivos» cuatro paquetes de acciones posteriores, lo cual según él supuso otro daño de unos 100.000 euros.

El denunciante sostiene que las graves violaciones de las reglas del depósito mercantil se contravinieron para no dar a conocer a los clientes de Bankia que la reducción del capital social iba a dejar sin efecto el pago de las acciones amortizadas. « Si lo hubiéramos sabido a tiempo, nos habría venido para salvar mi patrimonio accionarial».

El Juzgado de Instrucción número 5 de los de León es el que tramita la primera de las cuestiones litigiosas planteadas por el afectado, a la espera de que se comunique si se admite a trámite.

Instrucción el 38 de Madrid

De forma paralela, Cesáreo Jurado plantea un recurso de reforma al Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, que se consideró incompetente para conocer de este asunto, circunstancia que llevó a equívoco al afectado al no caer en la cuenta de que no se trataba de sus escritos dirigidos al Juzgado Anticorrupción de la Audiencia Nacional. En la documentación, Jurado afirmaba que ha demandado también a Ignacio Goirigolzarri, presidente del Banco de Financiación y Ahorro por su participación aprovechando su condición simultánea de presidente de Bankia en la fusión que califica de «fraudulenta y colectiva» de Bankia y CaixaBank. El auto del juzgado madrileño decreta el sobreseimiento de la denuncia penal. El cliente leonés ha abierto a trámite una denuncia penal por el concepto de fusión fraudulenta efectiva contra Bankia y CaixaBank que obra en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Valencia, por incumplimiento doloso del deber de custodia de sus acciones a tenor de las normas reguladoras del depósito mercantil.

Abogado de profesión, Cesáreo ejerció en los colegios de Asturias y de Madrid. Se ha dirigido también por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta Nadia Calviño, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de valores para advertirles de que se ha violado la Ley del Depósito Mercantil. «Todos me contestan diciendo que no es cosa suya y que tengo que dirigirme al banco».

Especialmente lúcido de mente, advierte de que toda reducción del capital social que no pague las acciones que se amortizan «es siempre fraudulenta y delictiva porque requiere del máximo secreto para que se entere el menor número posible de accionistas salvo en el caso de que se produjera la quiebra».