Tribunales
Le piden cuatro años de cárcel por montar un entramado fraudulento de lavanderías
Está acusado de haber escatimado 200.000 euros a la Seguridad Social con sus empresas
Un individuo acusado de defraudar 200.00 euros a la Seguridad Social a través de un entramado de lavanderías instaladas en la capital se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión acusado delitos contra la Seguridad Social por los que el Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión y una multa de 200.000 euros que se añade a la devolución de las cantidades supuestamente defraudadas.
De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales, el sospechoso constituyó varias compañías mercantiles guiado por el ánimo de defraudar a la Seguridad Social, y a partir de la primera compañía constituyó una serie de sociedades sucesivas en el tiempo controladas directamente por él como administrador único y ubicadas en la ciudad de León, situadas incluso en el mismo local, con los mismos materiales y maquinaria, trasvasando trabajadores de una empresa a otra a través de las cuales desarrollaba su actividad de lavandería sin pagar a la Seguridad Social las cuotas y conceptos de recaudación conjunta, ni voluntariamente ni en vía de apremio.
La empresa matriz tenía dados de alta como trabajadores por cuenta ajena a media docena de mujeres y dos varones. Además, el investigado estaba dado de alta desde 2009 en el régimen especial de trabajadores autónomos pero no abonó ninguna de las cuotas, con lo que generó un importe defraudado por este concepto de 21.000 euros. Las cantidades que el acusado defraudó supuestamente a la Seguridad Social de 2014 a 2017 ascendieron a 133.753 euros y en total, asumió una deuda de 204.000, «con nula voluntad de regularizar la deuda existente y haciendo caso omiso a los requerimientos y obstaculizando la labor de la inspección demostrando su falta de interés por hacer frente a la deuda generada no solicitando aplazamiento o proponiendo regulación alguna»,, sostiene el Ministerio Público en el relato de los hechos que presenta para esta causa.
El fiscal considera que procede imponer al acusado una pena de cuatro años de prisión y multa de 409.000 euros por los delitos mencionados así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante el periodo de cinco años.
En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la Seguridad Social con 204.000 euros, incrementados en los intereses legales correspondientes.
La defensa discrepa de la descripción de los hechos que presenta la Fiscalía y solicita la libre absolución de su cliente por entender que no hay delito de carácter penal. ,