Las sanciones del Procurador del Común 'irán a misa'

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha anunciado este martes que el  Procurador  del Común tendrá capacidad sancionadora y los recursos y herramientas necesarios para velar por la aplicación de la futura Ley de Transparencia.

Castaño ha detallado durante el debate sobre el Informe Anual del  Procurador  del Común correspondiente al año 2020 que pretenden colocar esta figura en "el centro" del principio de transparencia, por lo que le ha agradecido a su titular, Tomás Quintana, su trabajo "pegado a tierra y cercano al ciudadano" por ser "necesario para la configuración de la comunidad".

Respecto al informe del pasado año, que refleja cerca de un 30 por ciento de quejas relacionadas con la pandemia, Castaño ha agradecido el esfuerzo del sistema de salud y sus profesionales tras "cuatro grandes acosos que no han provocado el colapso", por actuar con equipos covid en residencias, establecer circuitos dobles en centros de salud, aumentar la capacidad hospitalaria o crear planes de contingencia.

Sobre las quejas en consultorios rurales, ha admitido que es necesario mejorar su conectividad y la receta electrónica, mejorar el transporte sanitario y hacer viables las farmacias rurales, apoyando además que la presencialidad "no debe ser sustituida por la digitalidad o presencialidad analógica", lo que considera "asignatura pendiente" del sistema de salud.

De las residencias ha dicho que "la situación sin precedentes requería actuaciones certeras y rápidas", por lo que dice que intensificaron las labores de control, velaron por la salud de residentes y trabajadores y mejoraron la comunicación con las familias, en un periodo que asegura "no se ha escatimado en esfuerzos ni organizativos ni de presupuesto".

Sobre la Educación, ha hablado de que las primeras semanas fueron "complejas" con variables como la adaptación a nuevas tecnologías y nuevas vías de comunicación, problemas que ha indicado que afrontaron con aumento del profesorado, la implantación de la jornada continua para evitar contagios y protocolos de prevención.

Ha reconocido que la limitación de derechos fundamentales ha afectado sobre todo a la hostelería, los gimnasios, el turismo, la restauración y la cultura, y ha aclarado que las restricciones han ido asociadas a los indicadores sanitarios desde el rigor científico, y acompañadas de "un abanico de ayudas públicas para compensar las pérdidas económicas".

Castaño ha reclamado que las vacunas no se utilicen para hacer geopolítica "como ventaja estratégica" ante la desigualdad entre países, pues en el caso de que haya países que cierren acuerdos bilaterales en la compra de las dosis, "no seremos capaces de erradicar la enfermedad a nivel global.

Tomás Quintana es el procurador del Común. RAMIRO

En este sentido, Tomás Quintana, ha expresado este martes ante el Pleno de las Cortes su lamento por el "rastro de muerte y sufrimiento" que ha dejado la pandemia de la covid, que ha marcado la actividad de esta institución para trasladar a las administraciones públicas las quejas y problemas de los ciudadanos en este contexto, con ánimo de corregir los errores. "Los peores augurios se vieron superados por la realidad antes de lo que nos habíamos imaginado", ha resumido sobre las sucesivas olas de contagios, que a fecha de 31 de diciembre de 2020, el límite temporal de este Informe Anual presentado ante el Parlamento, hicieron tener "el temor, casi la certeza", de un tercer incremento de los contagios en enero favorecidos "por el relajamiento de las medidas de seguridad durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo".

Quintana ha presentado este martes un documento que, cuantitativamente, resume la recepción por parte de esta institución de hasta 6.248 quejas -de las que el 28,27% tenían un contenido expreso sobre la pandemia- y 94 actuaciones de oficio -el 43,62% con temática covid-, lo que representa en ambos casos un incremento respecto al año anterior, del 9,7% más en las quejas y de casi el triple en las intervenciones de oficio (de 34 a 94).

En términos generales, el  Procurador  del Común ha expresado su agradecimiento por el "esfuerzo de colaboración" por parte de las administraciones públicas requeridas en sus actuaciones, especialmente en asuntos "extraordinariamente delicados" y urgidos para que contestaran en un "corto espacio de tiempo".

Sin embargo, ha incidido en la crítica hacia aquellas administraciones, con especial señalamiento a las entidades locales, que dejaron sin contestación -ni aceptación ni rechazo- hasta 39 resoluciones del  Procurador  del Común, lo que representa un 5,6 por ciento del total: "además del incumplimiento de un deber legal, es un desprecio al ciudadano", ha resumido.

Como era de esperar, la mayor parte de las 1.766 quejas ciudadanas vinculadas expresamente con la pandemia de la covid han tenido como temas de preocupación asuntos relacionados con los departamentos de Sanidad (40%), Educación (26%) y de Familia e Igualdad de Oportunidades (19%), por lo que entre las tres suman casi el 85% de las mismas.

SANIDAD

En el caso de la Sanidad, el informe del  Procurador  del Común plantea que, más allá de los problemas derivados directamente de la pandemia, la covid ha "agravado" problemas "crónicos" del sistema sanitario, con "muchas quejas" sobre la prestación del servicio en el medio rural, especialmente por el cierre de los consultorios locales, con una "merma de la atención sanitaria al sustentarse principalmente en la atención telefónica".

También las listas de espera se han visto perjudicadas por la menor actividad quirúrgica y de consultas de especialidades, aunque Quintana ha considerado que estas circunstancias pudieron ser entendidas por los ciudadanos como un "efecto inevitable de la irrupción de la pandemia".

En el caso de las quejas directamente vinculadas a la covid, el  Procurador  ha destacado las que fueron presentadas por los ciudadanos sobre la falta de acceso a los hospitales, la utilización de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el uso de respiradores, por lo que la institución inició una actuación de oficio.

En ella, pidieron a la Consejería de Sanidad conocer los protocolos seguidos para el triaje o selección de los pacientes más mayores, aunque este departamento de la Junta defendió que se aplicaron los criterios avalados por sociedades científicas y negó que la edad de los pacientes "fuera determinante" para ser tratados o no en hospitales y UCI.

EDUCACIÓN

En materia de Educación, Quintana ha recordado que el momento culminante de 2020 fue el cierre de los colegios y la forzosa aplicación de la educación en línea, con quejas y actuaciones de oficio para garantizar que se mantenía vigente el derecho a la educación, sobre todo de los alumnos con necesidades especiales o aquellos que carecieran de medios tecnológicos para seguir con su formación en formato telemático.

Otro punto determinante llegó con la llegada del nuevo curso y, como consecuencia de la incertidumbre existente, el  Procurador  inició una actuación de oficio para demandar determinadas actuaciones preventivas para evitar contagios, como la aplicación de la jornada continua donde fuera posible o las precauciones en el servicio de comedor.

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Quintana ha reflejado en su discurso la "gran afectación causada por la covid en las residencias de mayores", donde ha planteado que se vivió "una verdadera crisis sanitaria, humanitaria y social", con las personas más vulnerables de la sociedad como víctimas.

"Tenemos el deber de hacer todo lo posible para contribuir no solo a que no se repitan los episodios de sufrimiento y muerte en las residencias de mayores que hemos conocido, sino a mejorar las condiciones de vida de los más mayores en condiciones de normalidad, es decir, una vez superada la crisis sanitaria", ha planteado el  Procurador  del común sobre este sector.

Ante la situación de desborde inicial, durante la primera ola de la pandemia, Quintana ha informado de que las residencias asumieron unas tareas "para las que seguramente no estaban preparadas por falta de personal y de medios de protección, lo que posiblemente contribuya a explicar, junto con otras causas, la morbilidad, mortalidad y letalidad de los primeros meses de pandemia en las residencias, así como la elevada prevalencia de la enfermedad entre los trabajadores".

En este sentido, ha considerado que la situación evidenció que existe un "problema estructural del modelo residencial", lo que llevó a elevar una resolución que pedía "un cambio de modelo" que se centre en las personas y que incluya una "batería de medidas concretas para mejorar la asistencia social y sanitaria de los residentes, su calidad de vida y garantizar la protección de sus derechos en un ambiente respetuoso con los principios éticos fundamentales".

RESPUESTA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Tras escuchar la exposición del  Procurador  del Común, los representantes de los distintos partidos con representación en las cortes han manifestado un mayoritario respaldo a la labor de esta institución, aunque Vox ha pedido su supresión y que pase a estar desarrollada por la entidad nacional del Defensor del Pueblo.

El socialista Luis Tudanca ha calificado de "demoledor" el relato del  Procurador  del Común de lo sucedido durante la pandemia de la covid en las residencias de mayores y con la asistencia sanitaria, por lo que ha pedido una "reflexión honda sobre lo que pasó y que no debe volver a pasar".

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha expresado que la Comunidad "puede sentirse moderadamente orgullosa" de la forma en que afrontó la pandemia y también de la calidad general de los servicios esenciales, y frente a quienes tratan de obtener "ventaja política" trazando un "discurso radical de trinchera" con este informe como base, ha considerado que la sociedad es capaz de "discernir" entre "quien da la cara" y quienes actúan con "tacticismo político".

En el caso del portavoz de Cs, David Castaño, ha anunciado que el  Procurador  del Común tendrá capacidad sancionadora y los recursos y herramientas necesarios para velar por la aplicación de la futura Ley de Transparencia, a la vez que ha agradecido el esfuerzo del sistema de salud y sus profesionales tras "cuatro grandes acosos que no han provocado el colapso".

Ya desde el Grupo Mixto, el representante de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que varios pasajes del informe "reproducen literalmente" lo que en su partido llevan reivindicando y denunciando en los últimos meses, especialmente lo relativo a las residencias.

El leonesista Luis Mariano Santos ha denunciado que "no es casual" que León sea uno de los territorios con más problemas económicos y de gestión dentro de una comunidad autónoma que ha definido como una "mancomunidad de provincias llamado Castilla y León", mientras que el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, ha denunciado que "la gente está harta de sus gobernantes, de las decisiones que adoptan; están cansados de escuchar una cosa y al día siguiente la contraria".

Por último, la más crítica con la labor de esta institución ha sido la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, quien ha pedido que se suprima la figura del  Procurador  del Común y sus funciones las asuma el Defensor del Pueblo, de cara a reajustar recursos públicos y eliminar un gasto que ha considerado "innecesario".