El ‘dedazo’ de la edil Susana Travesí en el Ildefe provoca una fisura en el PSOE

El nombramiento a dedo del abogado Luis Javier Álvarez Nogal como gerente del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) a propuesta de la concejala de Promoción Económica y presidenta de este ente, Susana Travesí, es un hecho desde ayer por la mañana, aunque esta designación ha puesto de manifiesto una división sin precedentes en el equipo de gobierno. El concejal de Hacienda, el socialista Carmelo Alonso Sutil, se abstenía ayer durante las votaciones para sacar adelante la propuesta de su propio equipo de gobierno para sustituir al actual director-gerente, Graciliano Álvarez Fernández, por un colega de bufete de la concejala Susana Travesí.

Las dudas respecto a la formalidad del procedimiento frenaron el apoyo de Alonso Sutil, que hizo constar antes de condicionar su voto si existía un informe jurídico de la Secretaría que avalara el nombramiento y que aclarase si la presidenta del consejo de administración, Susana Travesí, debía o no participar en las votaciones ante posibles incompatibilidades por pertenecer al mismo despacho de abogados que Álvarez Nogal. Sin respuesta, el edil se abstuvo y los otros tres miembros del PP y el de Ciudadanos rechazaron la propuesta, por lo que finalmente la que es mano derecha del alcalde tuvo que hacer uso del voto de calidad ante el empate a cuatro sufragios: además del suyo, el de los concejales Argelia Cabado, Lourdes González y Álvaro Pola, que pudo presentarse a la reunión tras su convalecencia.

En el aire quedó el sueldo del nuevo director-gerente, que actualmente se cifra en 69.000 euros. Eso será decidido en la junta y posteriormente se tendrá que llevar a pleno. Fue el único aspecto que no logró sacar adelante Travesí por encima de todo. Pese a que lo intentó, los técnicos le aclararon que no era objeto del consejo de administración.

Al margen del encuentro interno del grupo municipal socialista, tanto el PP como Ciudadanos y UPL —los leonesistas no tienen representación en el consejo de administración del Ildefe— han hecho un frente común contra el modo en el que se ha elegido la plaza. Pidieron la retirada del nombramiento del orden del día porque, en su opinión, el instituto es una empresa perteneciente al Ayuntamiento de León como único accionista, por lo que «se deben seguir los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y concurrencia, extremos que no se han cumplido en esta propuesta». «No se puede designar un cargo de esta importancia sin atender a esos principios que garantizan la objetividad».

Por esa razón, reiteraron a la concejala y presidenta del Ildefe su petición para que se abstuviera de votar en este punto «por un conflicto de intereses reflejado en la Ley del Sector Público y en la Ley de Sociedades de Capital».

A tenor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este prodecimiento no sería posible puesto que la presidenta debería haberse abstenido en las votaciones al compartir despacho profesional con Álvarez Nogal, una incompatibilidad establecida con absoluta literalidad en el artículo 23.b. Si se tomara en consideración el aspecto mercantil, la sociedad pública podría haber sufrido un perjuicio en su interés social por el nombramiento de no cumplir las expectativas de la entidad.