Tribunales
Pablo Arraiza, nuevo juez decano de León
Es el titular del Juzgado de lo Mercantil y sustituye a José Enrique García Presa
Pablo Arraiza, nuevo juez decano de León. DL
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de León, Pablo Arraiza, fue elegido anteayer nuevo juez decano de León, tras imponerse por un estrecho margen de dos votos de diferencia a Jaime De Lamo (Social 1) en el proceso abierto para la sustitución de José Enrique García Presa, anterior responsable del cargo que abandona León para trasladarse a Madrid.
La renovación se ha producido de forma casi fulgurante, por necesidades y exigencias diversas, según confirmaron fuertes del decanato de León, que reconocieron la urgencia con la que se ha celebrado el proceso para poder dar respuesta a la situación creada por el traslado del anterior decano.
El nuevo decano estudió Derecho en la Universidad de León y terminó la carrera en la Universidad de Bolonia (Italia). Accedió a la carrera judicial en 2001, y estuvo destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Grado (Asturias), entre 2003 y 2006, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Figueras (Gerona), hasta 2007, cuando tomó posesión de su actual destino, el Juzgado de Primera Instancia n° 8 y Mercantil de León.
Es autor entre otras obras de ‘El concurso de acreedores. Una dimensión internacional’. Según la obra el concurso de acreedores constituye una institución mixta de derecho mercantil y procesal que tiene por objeto la salvaguarda del patrimonio social o masa con la finalidad de permitir a los acreedores de una sociedad en situación de insolvencia obtener el cobro de sus créditos en la mayor medida posible, ya sea mediante la suscripción de un convenio que tienda a permitir la supervivencia de la empresa como medio de obtención de los recursos precisos para hacer frente al pago, ya sea mediante la instauración de un proceso liquidatorio que partiendo de una disolución ordenada de la sociedad, contemple la satisfacción de los acreedores de acuerdo con un orden de prelación determinado por una jerarquización crediticia construida sobre la base de la mayor preeminencia de determinados grupos de acreedores caracterizados por la relevancia social de los sujetos que integran cada grupo.