Travesí debilita más el gobierno en minoría de Diez al quedarse como edil sin funciones

Se marcha, pero se queda. Susana Travesí registró ayer por la mañana de manera oficial su renuncia a todas las delegaciones como concejala de Promoción Económica tras el escándalo del nombramiento a dedo de su compañero de despacho jurídico como gerente del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe). Aunque esta decisión, que conlleva la pérdida de todas sus responsabilidades específicas e incluso la renuncia a su sueldo de dedicación exclusiva, no deriva en la entrega del acta de representación. La edil permanecerá en su silla, con un voto en su poder, pero sin ejercer función alguna dentro del equipo de gobierno en minoría. A partir de ahora, el organigrama del PSOE de José Antonio Diez tendrá que operar con apenas nueve miembros, más el socio que se presentó por Podemos, y una sombra en la que se escenifica la fractura interna y el debilitamiento de la gobernabilidad.

El hasta luego de Travesí se escenificó en la salón de los Reyes, a media mañana, mientras el alcalde visitaba en el otro extremo de la ciudad las obras de Leroy Merlin y con la presencia de un único compañero: Álvaro Pola, el encargado de sustituirla como presidenta del Ildefe. Sin otro acompañamiento, la concejala se mostró «molesta y traicionada» por su grupo político, aunque concedió que a partir de ahora votará «en consonancia con el principio de lealtad al PSOE y a la institución». «Hasta el día de hoy nadie del partido me ha dicho que tenga que renunciar al acta», retó para exhibir la postura firme de distanciamiento de una formación a la que recalcó que ha mantenido una «fidelidad absoluta».

Frente a esta lealtad que quiso exhibir, Travesí lamentó que hubieran «primado las presiones políticas para garantizar la gobernabilidad», en referencia a la UPL, que en la tarde del viernes exigió a Diez que revocara el nombramiento si no quería que le presentasen una moción en el Pleno para articular el cambio de estatutos y posterior destitución gracias a la suma de los votos con el PP y Cs. Sin esta espoleta activada por los leonesistas, la estrategia de los socialistas pasaba por aguantar el chaparrón y esperar a ver si alguno de los grupos de la oposición municipal recurría a los juzgados, después de que el alcalde no la hubiera frenado en la reunión del lunes pasado, en la que su compañero Vicente Canuria advirtió de la posible irregularidad.

A esta carta jugaba Travesí, quien ayer se esforzó en armar un relato de los hechos en el que «el único» que había «achacado era haber sido honesta, leal e ir de cara». Sobre esta imagen ideal expuso que la propuesta «fue comunicada en todo momento con carácter previo a todos los miembros» del PSOE, «a los grupos políticos en el consejo e, incluso, por decoro y lealtad a la UPL». Aunque evitó reseñar que el aviso a los leonesistas se hizo a media tarde del miércoles, después de que hubiera recibido la llamada de este periódico para preguntarle por el escándalo, antes de que se lo desayunaran a la mañana siguiente. Entonces, Eduardo López Sendino ya le avanzó que se posicionarían en contra por considerar que debía seguirse un proceso de selección abierto.

Pero Travesí ya había decidido que no, empecinada en la defensa de que el nombramiento «consistió en un claro supuesto de libre designación que se basa en el principio de confianza», como describió ayer. «Le he presentado porque conozco su valía profesional y personal y su honorabilidad. Me hubiera ayudado. Entiendo que aquel que me hubiese sustituido hubiera podido cesarle», concedió, a pesar de que los gerentes de las sociedades no se cambian con los mandatos. A su promovido no hará falta que le destituyan. Ayer el consejo de administración aprobó revocar el acuerdo con el voto en contra de la propia Travesí

Aunque en su exposición, Travesí quiso fijar que el proceso no lo había decidido ella «caprichosa, ni interesadamente», sino regulado en los estatutos y «utilizado como sistema habitual en la administración». «Incluso lo fue con el anterior gerente», recalcó, aunque obvió que ya era personal laboral, tras pasar un proceso de selección para dirigir el plan Urban León Oeste que derivó después en la creación del Ildefe. No citó tampoco el último ejemplo asimilable para la elección de un cargo de alta dirección de una sociedad municipal: la que gestiona la ORA, que contó con 17 aspirantes y tres filtros.

Travesí prefirió centrarse en su defensa de que todo se hizo «conforme a derecho». «Nadie me advirtió de ninguna ilegalidad», repitió, aunque ante las preguntas tuvo que reconocer que el secretario del consejo de administración, en los días previos, le facilitó «un artículo del Estatuto Básico del Empleado Público», aunque «no se aplica» al tratarse de una sociedad mercantil, según su criterio. Por eso lo obvió. Era el mismo artículo que le exhibieron también sus compañeros Vicente Canuria y Carmelo Alonso: el que reseña que la Disposición Adicional Primera de ese texto legal, en la que se recoge que las sociedades mercantiles municipales, más en el caso de 100% capital del consistorio, tienen la consideración del Sector Público y deben guardar en sus procesos de selección los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Como defensa, la concejala arguyó que, para la «tranquilidad» de sus compañeros, les había dicho que contaba con «un informe independiente de uno de los gabinetes más prestigiosos de esta ciudad», aunque ni se lo mostró entonces, ni tampoco ayer. Por eso, insistió, no pidió el informe a la Secretaría General. «Quien debe velar por la legalidad es el secretario del consejo», rebatió, pese a que la normativa establece que tan sólo debe dar fe de los acuerdos y que las consideraciones jurídicas dependen de un asesor del que carece el Ildefe. «Pretenden que me desdiga de algo que es legal. ¿Dónde queda mi gestión y mi honorabilidad?», se preguntó.