Las novatadas y plagios en la Universidad se castigarán con tres años de expulsión
El Gobierno prepara un nuevo régimen disciplinario para derogar la actual norma en vigor, que fue aprobada durante la dictadura
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El «anacrónico y preconstitucional» decreto de 1954 que aún regula el marco de convivencia en las universidades españolas parece que, por fin, tiene los días contados, teniendo en cuenta que ha estado vigente 42 años tras la aprobación de la Constitución. El Consejo de Ministros debatió ayer el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria presentado por el ministro Manuel Castells, que como recoge en sus primeras páginas nace bajo «la necesidad de expulsar expresamente la norma» de 1954 del ordenamiento jurídico democrático que contempla sanciones por conductas como «desórdenes públicos», «falta de probidad» o «difamación», además de establecer graves sanciones por «manifestaciones contra la moral católica». Tras pasar ayer por el en Consejo de Ministros, habrá «una segunda vuelta» porque se abrirá un proceso de audiencia pública para que los agentes implicados hagan las observaciones adicionales que deseen y, para a finales del próximo verano, enviarla al Parlamento para su tramitación.
Quién castigará
La potestad sancionadora, en manos de los rectores
El rector de cada universidad será la persona y el órgano «competente» para ejercer la potestad disciplinaria en el caso de las faltas muy graves y graves. En el caso de las leves, el rector podrá atribuir esta potestad a un vicerrector. El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, destaca que la norma de 1954 estaba «fuera de lugar» y en relación a la que se está preparando, concreta que «deja bastante potestad a las universidades», que ahora tendrán que trabajar de cara al nuevo marco.
Faltas y sanciones
De dos meses hasta tres años de expulsión
El anteproyecto cataloga las faltas en muy graves, graves y leves y apuesta por la mediación para resolver los conflictos a fin de que las sanciones y los castigos sean de aplicación «residual». Entre los que se consideran más graves, las novatadas si atentan contra la integridad y la dignidad, acosar o ejercer violencia grave, discriminar, falsificar, plagiar o suplantar a un miembro de la comunidad universitaria. Para todas ellas, la pena sería desde los dos hasta los tres años de expulsión. En el gráfico figuran todas las faltas disciplinarias.
Solución de conflictos
Sistema doble de mecanismo y procedimiento de mediación
El procedimiento de mediación pretende que el nuevo régimen disciplinario se aplique de forma «supletoria y residual» y sólo «cuando las partes rechacen acudir al procedimiento de mediación». La ley establece alternativas para reforzar el valor prioritario que se da a la educación en el ámbito de la convivencia universitaria». Marín destaca que la Universidad de León ya tiene este aspecto de mediación «muy desarrollado» a través del Defensor de la Comunidad Universitaria. «Hay que seguir adaptando, porque deja mucho margen», señaló el rector leonés.
Sólo para las públicas
Las universidades privadas deberán desarrollar sus propias normas
El estudiantado de las universidades públicas es «el principal» destinatario de este reglamento y, además, concreta que en lo relativo a las normas de convivencia y el mecanismo de mediación se aplicará también al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios, sin perjuicio de la sujeción a su propio régimen disciplinario. La futura ley será de aplicación en los centros públicos y, en el caso de los privados, estos deberán desarrollar sus propias normas de convivencia, aunque «con base en los principios» de esta.
Normas de convivencia
Seis principios ante situaciones de violencia, discriminación o acoso
Las normas de convivencia de los centros universitarios frente a actuaciones de violencia, discriminación o acoso se deberán regir por los siguientes principios: enfoque de género, respeto y protección a las personas, confidencialidad, diligencia y celeridad, imparcialidad y contradicción y prevención y prohibición de represalias.
Valores democráticos
Sistema integral de protección y garantía de convivencia
El texto presentado ayer en el Consejo de Ministro busca ofrecer «un sistema integral de protección y garantía de la convivencia en el ámbito universitario adaptado completamente a los valores y principios democráticos» que «entroncan plenamente con las bases de la convivencia en la universidad» donde debe fomentarse que el estudiantado «se beneficie del espíritu crítico y la extensión de la cultura». Castells ya había avanzado que su objetivo era una norma que «transcienda lo meramente punitivo para promover una convivencia basada en la tolerancia, el pluralismo, el respeto a la diversidad, la garantía de los derechos y la resolución pacífica de los conflictos, fomentando la corresponsabilidad».
Centrada en los alumnos
El de los profesores se modificó ya con un decreto en 1985
El texto presentado ayer en el Consejo de Ministros se centra principalmente en los alumnos ya que un decreto en 1985 derogó el régimen de disciplina académica del personal docente. Los profesores y los miembros del PAS se rigen también por la legislación aplicable a los empleados públicos.