Las 17.000 multas del estado de alarma quedan en manos del Constitucional

Alrededor de 17.000 multas impuestas durante el estado de alarma en León de las que 1.500 ya están cobradas, pueden ser susceptibles de reclamación si prospera una tesis del Tribunal Constitucional, según la cual el decreto debió someterse a las especificaciones de un estado de excepción y no del de alarma, como finalmente se eligió.

La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de León, Esther Seijas, entiende precipitado cualquier planteamiento antes de que se reúna a la sala.

« Podría ser constitucional anular las multas si lo que se produce es una falta de tipicidad. Si se anula la norma de origen que dió el anclaje normativo a esas multas, se produce la inconstitucionalidad de todos los actos derivados de la norma que fue inconstitucional «, explicó Seijas.

«Incluso aunque haya retroactividad, porque aquí el problema es tipificar si fue alarma o excepción», subraya la catedrática. «Lo que se ha filtrado es la opinión del ponente, pero luego hay que aprobarlo en pleno. Cabe la posibilidad de que se considere que fue un estado de excepción y no de alarma. Eso se debatirá el día 22, se debate del propio decreto.

Hay que saber si el estado de alarma legitima la limitación de derechos y ahí hay dos tesis, y una de ellas dice que se necesita la excepción y por tanto el procedimiento es diferente. El meollo está en saber que dio lugar a esas multas». A criterio de la catedrática, resolver el asunto del lucro cesante para la hostelería es más complicado: «Eso sería un proceso posterior, si la norma que dio lugar a todo esto se declara institucional, el aluvión y la cascada de reclamaciones y denuncias ante los tribunales podría provocar una hecatombe judicial. Se bloquearía todo el sistema».

« Ahora mismo solamente hay un borrador de sentencia que se ha filtrado, cuando el tribunal dicte sentencia, será de una forma muy responsable y muy consciente de todos los efectos que esa sentencia puede provocar. Por eso no va a ser tan sencillo», advierte la catedrática.

«Mi opinión a título personal es que el estado de alarma fue acertado, el derecho a la salud y a la vida es previo a todos los demás y requiere las medidas de seguridad que se adoptaron».