La validación de afiliados que pueden votar acrecienta la polémica en el PP

Lejos de solucionarse, la polémica del congreso provincial del PP se enquista. En espera de que el juzgado se pronuncie sobre la paralización cautelar de la cita, la pugna se dirimió ayer en el cauce interno. La validación de las inscripciones de los afiliados que podrán votar el próximo martes acrecentó ayer la distancia entre los organizadores y la candidatura del alcalde de Villaquilambre, Manuel García, que alertó de que el gerente, José Manuel Miano, se negara a informar sobre el año de alta de cada uno de los afiliados que se han apuntado para participar en los comicios. Sin este dato, insistieron, no se puede comprobar si pertenecen a la bolsa de más de 400 afiliaciones, llegadas de forma masiva y atribuidas al entorno de su rival para liderar la formación, el senador y regidor de Almanza, Javier Santiago Vélez, que consideran irregulares al no haber sido ratificadas por el comité provincial del partido.

La negativa del gerente hace que la candidatura de García se asiente en su argumento de que el proceso está viciado. El alcalde de Villaquilambre insiste en conocer las fechas de afiliación para depurar todas aquellas posteriores al 12 de noviembre de 2020, cuando el comité provincial ratificó las últimas altas. Todas las demás que han llegado con posterioridad, la mayoría de ellas de forma masiva desde primeros de año y de manera online , no tienen derecho a voto en el congreso provincial, según su argumento, apoyado en que ningún reglamento puede alterar el método de validación de los afiliados que viene recogido en los estatutos nacionales de la formación. Pero, sin que se pueda constatar la antigüedad de cada uno de los inscritos para votar, cuyo plazo se cerró el miércoles a las 20.00 horas, los partidarios del regidor del área metropolitana no tienen manera de determinar cuáles serían susceptibles de anulación.

Pese a la insistencia de las reclamaciones por escrito de García, ni el Comité Organizador del Congreso, ni la Comisión Nacional de Derechos y Garantías han contestado la reclamación de que se purguen estas afiliaciones. La ausencia de respuesta ha derivado en la presentación el lunes de un recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo para que se paralice el congreso. La magistrada tiene hasta mañana para resolver si acepta la petición. Mientras, continuará la tarea de validación de las inscripciones, en la que participan el gerente, la administrativa del partido, el secretario del Comité Organizador del Congreso, Rafael Montañés, vinculado a Javier Santiago Vélez, y un interventor por cada candidatura. Su labor servirá para advertir los que no están al día en el pago de las cuotas para notificarles que cuentan con 48 horas para regularizar su situación si quieren votar el martes. De esta convocatoria saldrá el presidente del PP, siempre que el ganador logre una distancia de más de 15 puntos con su oponente. En caso contrario, la elección deberá esperar al 18 de julio, aunque entonces sólo votarán los compromisarios.