Sin mascarillas en la calle desde el sábado 26

El próximo sábado 26 de junio las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios públicos exteriores siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad con otras personas. Pedro Sánchez, tras varios días de incertidumbre y controversia con algunas comunidades, anunció ayer finalmente que el jueves 24 de junio se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para reformar la normativa actual, de modo que esta prenda deje ser obligatoria en la calle —salvo excepciones— a partir del 26.

La esperada noticia puso punto final al torrente de conjeturas desatado después de que el propio presidente, el miércoles, afirmara que «pronto» la mascarilla iba a dejar de estar presente. Moncloa —explicaron fuentes del Gobierno— decidió reservar al jefe del Ejecutivo el importante anuncio debido a que la abolición de la protección bucal, aunque lleva semanas encima de la mesa en los encuentros entre Sanidad y las comunidades, es competencia exclusiva de la Administración central.

En ese Consejo de Ministros extraordinario se dará luz verde a la reforma de la conocida como ley de la nueva normalidad (Ley 2/2021de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid), que es la que fija desde el pasado marzo la obligación del tapabocas en todo espacio público.

Esa normativa fue la que las comunidades y Sanidad acordaron en abril en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) «flexibilizar» (en la práctica, incumplir parcialmente) para permitir prescindir de la protección en playas, piscinas y otros lugares de asueto de medio acuático. Aquel ardid, el de usar el Interterritorial para dar luz verde a soslayar una ley abiertamente, fue (y es) muy criticada por los servicios jurídicos del Estado.

Hasta el jueves, Sanidad pretende volcarse en convencer a las comunidades más reacias a levantar la prohibición de los tapabocas en exteriores y cuya negativa a flexibilizar la normativa ha sido la que hasta ahora ha provocado que el Gobierno central esquivara voluntariamente llevar el asunto a las agendas oficiales de los foros de coordinación semanales (CISNS y Salud Pública) para evitar una disputa pública sobre un asunto que el Gobierno central considera «prioritario».

Las comunidades deben asumir esta decisión y a preguntarse de qué manera se articulará esta norma para adecuarla a nivel autonómico, si bien alguno de los Ejecutivos regionales ha afeado al Gobierno que se haya anunciado sin haberlo consensuado en el Consejo Interterritorial.

Es el caso de la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, que dijo ayer que le hubiera «encantado» saber antes el anuncio de Sánchez, añadiendo que «donde se tienen que debatir estas cosas es primero en la Comisión de Salud Pública».