Los colectivos esperan cambios en la ley trans en el Congreso

Alabanzas, recortes o incluso la «muerte» de las leyes en defensa de las mujeres. Así de dispares son las posturas de los diferentes colectivos LGTBI y de las feministas ante el anteproyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Entre las organizaciones LGTBI hay dos estrategias, que no son ajenas a la competencia entre ellas. La Federación Estatal LGTBI, la asociación histórica de estos colectivos, junto a Chrysallis —padres de niños trans— han tenido un protagonismo directo en el desbloqueo de la ley en el Ejecutivo, pues fueron quienes propusieron la fusión de leyes y el proceso de cambio de sexo con ratificación a los tres meses de la petición a cambio de salvar la autodeterminación. Son posibilistas y están contentos, pero esperan lograr que el Congreso reconozca a los no binarios y extienda la libre rectificación del sexo registral hasta los 12 años (sin proceso judicial).

La Federación Plataforma Trans, que se reivindica la verdadera representante de este colectivo, ha tenido una postura más maximalista, presionando con huelgas de hambre y pidiendo la exclusión del PSOE del Orgullo. Ayer suavizó la habitual dureza de sus críticas, pero cree una traición que no haya una ‘ley trans’ autónoma y pide libre autodeterminación de cualquier niño trans y de los inmigrantes.

Parte del feminismo tradicional, como la confluencia Movimiento Feminista, se manifestó el sábado para pedir a Gobierno y autonomías que retiren las leyes trans por «atentar» contra los derechos de las mujeres. Rechazan que el sexo sea una libre elección y denuncia que la ley puede abrir la puerta a que violadores o maltratadores cumplan condena en cárceles femeninas.

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al anteproyecto de ley LGTBI-Trans que, como principal novedad, permitirá la autodeterminación de género de los transexuales. Podrán cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil simplemente con pedirlo. No hará falta ni declaración de testigo alguno que lo corrobore ni los informes médicos y los dos años de tratamiento hormonal que se les exigen ahora. «Un paso de gigante», para la ministra de Igualdad, Irene Montero. «Una norma que nos coloca a la cabeza de Europa en derechos LGTBI», según su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo.

Pulso político

Es el fin de un duro pulso político entre Moreno, apoyada por el resto de ministros de Unidas Podemos, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, respaldada por sectores del PSOE y por buena parte del movimiento feminista clásico. Ha terminado con acuerdo, pero no pueden disimular que la «negociación larga y difícil» —que confesó Montero— ha dejado heridas. La titular de Igualdad agradeció el esfuerzo por llegar a «un buen texto» al ministro de Justicia, pero se olvido de Calvo. Tuvo que ser minutos después Campo quien, tras devolver el agradecimiento, lo hizo «extensivo» a la vicepresidenta primera, por su papel «fino y selecto» en la negociación del proyecto. Todos han hecho cesiones. Sin embargo, Montero es la clara vencedora.

Ha logrado salvar su línea roja —la autodeterminación— en una negociación que, a última hora, con el visto bueno de Pedro Sánchez, dejó en segundo plano a Calvo, tocada políticamente, y tuvo como interlocutor socialista a Campo. El pulso, eso sí, se da por acabado. «Es el texto de todo el Gobierno. El mejor texto ha podido producir», zanjó la otra Montero, la portavoz del Ejecutivo.

La aceptación de la autodeterminación de género a partir de los 14 años por los socialistas, punto que bloqueó las negociaciones cuatro meses, ha tenido mucho que ver con las presiones de las organizaciones LGTBI y con la inminencia de la celebración del Orgullo, cuya marcha central es el próximo sábado.

Los socialistas, el partido de Pedro Zerolo, abanderados del movimiento LGTBI con la aprobación del matrimonio homosexual en 2005, corrían el riesgo de ser abucheados en una marcha que tiene como punto neurálgico las reivindicaciones transexuales. Ni siquiera estaba claro que pudiesen ir tras la cabecera, que rezará: «Los derechos humanos no se negocian, se legislan: ¡Ley integral trans ya!».

Podemos logra la autodeterminación de género, pero el PSOE impone sus tesis de que no haya dos leyes, una de igualdad trans y otra de derechos LGTBI (como quería Montero), sino una sola, y consigue que la autodeterminación solo sea posible desde los 14 años y que tenga garantías procedimentales que eviten fraudes.

El texto actual puede sufrir modificaciones antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente. Tendrá que pasar por los filtros del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Tras la luz verde del Consejo de Ministros empieza una segunda fase de enmiendas en Parlamento antes de la aprobación definitiva, algo que no ocurrirá antes de 2022.

Allí le esperan los ‘noes’ seguros de PP y Vox, pero si los socialistas mantienen la unidad tendrán mayoría suficiente. Las principales organizaciones LGTBI aspiran a encontrar apoyos entre los grupos parlamentarios para incorporar sus aspiraciones adicionales. Entre ellas están rebajar la autodeterminación de género al menos hasta los 12 años; el reconocimiento, con su propia y tercera casilla en el DNI, de los no binarios, quienes no se identifican con las categorías sexuales o de género existentes; e igualar los derechos para los inmigrantes trans. El anteproyecto especifica que los menores de 12 a 14 años que quieran cambiar la mención del sexo en su DNI necesitarán una resolución judicial, y los de 14 a 16 años deberán ir acompañados de sus padres.