La Ley de Seguridad del Paciente podría ahorrar hasta 10 M€ en fallos y estancias

Las infecciones en el entorno hospitalario y las complicaciones quirúrgicas, que suponen una pesada carga en términos de enfermedad, mortalidad y costes económicos, pueden reducirse con la Ley de Seguridad del Paciente. Entre un 10% y un 14% de los reingresos de los enfermos de edad avanzada se producen por una información incorrecta o incompleta sobre la medicación al dar el alta hospitalaria.

Tras escribir cartas al presidente del Gobierno y a la ministra de Sanidad, el Sindicato de Enfermería Satse también pide la intermediación de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para que se agilice la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente por los beneficios, no solo sanitarios y sociales, sino también económicos, que, asegura, tendrá su puesta en marcha para el conjunto del sistema sanitario.

Subraya la incuestionable ganancia que tendrá la nueva Ley en la atención sanitaria y cuidados que se presta a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía, e insiste en que el retorno económico que conlleva esta norma compensa con creces la inversión que requiere su aplicación (50-55 euros por habitante al año).

De hecho calcula que por cada euro invertido se recuperan directa e indirectamente más de 1,6 euros, y que en León se ahorrarían al menos 10 M€ de los costes por fallos de seguridad y por inadecuación de estancias, en una provincia con 80.000 hospitalizaciones.

En caso de aprobarse la ley, España sería el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en garantizar por ley una asignación máxima de pacientes por cada enfermera y enfermero. El sindicato indica que en León se necesitarían 100 profesionales más y otras 40 en El Bierzo.

De hecho, la aprobación de esta norma daría solución al déficit estructural e histórico de enfermeras que sitúa a España en el «pelotón de cola» de los países europeos, al tener solo cinco enfermeras por cada 1.000 habitantes mientras que la media en Europa es de nueve profesionales por 1.000 habitantes.

El sindicato sostiene que un retorno de la inversión estaría provocado por la generación de empleo, estimada en 2021 en un 39,3% sobre el salario bruto, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De otro lado, y refiriéndonos a los eventos adversos, el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (Eneas), elaborado por el propio Ministerio de Sanidad, cuantifica su coste en España en cerca de 3.500 millones de euros por año y concluye que la mitad de ellos son evitables y un 25% de los mismos se deben a infección nosocomial. En cuanto a la repercusión en los costes sanitarios de las estancias inadecuadas en los centros sanitarios, éstas conllevan un gasto anual de 880 millones de euros.

A todo ello, apunta el sindicato, habría que añadir el positivo efecto económico de la aplicación de la Ley de Seguridad del Paciente en la generación de empleo estable y de calidad dentro del Sistema Nacional de Salud y su repercusión en la economía y en lo que respecta a la generación de riqueza para el tejido social del conjunto del Estado.

Todas estas razones llevaron a Satse a elaborar una norma que busca garantizar la seguridad del paciente en todos los hospitales, centros de salud y el resto de centros sociosanitarios, a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera, y que, lamentablemente, sigue en la «sala de espera» por una falta de agilidad en su tramitación parlamentaria que ha propiciado que sean ya 16 las prórrogas registradas en el Congreso de los Diputados. Recuerdan que todos los estudios concluyen que cuanto mayor número de pacientes se asigne por profesional, más riesgos, complicaciones y un incremento de la mortalidad y morbilidad, además de más costes económicos para el sistema sanitario en su conjunto.