La Junta amplía sus ayudas directas a 570 actividades y el plazo al 20 de agosto

A partir de hoy un total de 570 actividades económicas de Castilla y León, todas menos 20, y 386 más que las incluidas ahora, podrán optar a las ayudas directas para pymes y autónomos para apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, con un plazo que además se amplía otro mes, hasta el 20 de agosto.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, detallo esa extensión de las ayudas directas con cargo a los 232,5 millones que le corresponden a la comunidad, de los 7.000 repartidos por el Gobierno, y que hoy publicará el Boletín Oficial de Castilla y León, el Bocyl. Desde que en mayo se convocaron esas ayudas, la Junta ha tramitado 8.200 expedientes, remitidos a la Agencia Tributaria para que certifique que los autónomos y pymes cumplen con los requisitos, con una media solicitada por las empresas de 20.600 euros.

Ello supone unos 168,9 millones, sin que esta ampliación de actividades, el triple de las iniciales, vaya a suponer que se tripliquen las peticiones, ya que los sectores más afectados y que mejor cumplían los requisitos son los afectados por la primera convocatoria, explicó el consejero.

Fernández Carriedo animó a pedir estas ayudas y explicó que en el caso de que se supere la cantidad que aporta el Estado la Junta tirará de sus fondos para llegar a todos los que tengan derecho a las mismas.

El titular de Economía y Hacienda precisó que ya han ido abonando algunas de esas ayudas, y ayer mismo firmó varias, una por 170.000 euros de ayuda para una agencia de viajes.

La orden que hoy publicará el boletín de la comunidad, justo del día que cumplía el anterior plazo para acceder a esas ayudas, establece las actividades que se excluyen de ser beneficiarias de estas ayudas, que sólo suman 20 sectores económicos: actividades financieras y de seguros; actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; así como actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.

Carriedo recordó que el pasado 24 de junio remitió una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, solicitando una revisión de los requisitos y la flexibilización de los criterios para que más autónomos y pymes puedan acceder a las ayudas directas convocadas por la Junta de Castilla y León.

El consejero sostuvo que las exigentes condiciones del Gobierno de España limitan el acceso a las ayudas y explicó que hasta el momento no han tenido contestación.

El consejero pidió al Gobierno una revisión de los requisitos, para flexibilizarlos y adecuarlos a la realidad que están sufriendo los autónomos y las empresas castigados por la crisis del covid y a los que, sin embargo, no pueden acceder por la rigidez de las condiciones normativas impuesta para su obtención.

Recordó que el Gobierno estableció solo 89 sectores beneficiarios de estas ayudas, que la Junta incrementó en la publicación de su orden hasta los 184, un 94% más de los previstos, que desde mañana alcanzarán las 570.

El consejero incidió en que Castilla y León ha sido la segunda comunidad autónoma en convocar la orden de ayudas directas, al objeto de que los fondos lleguen lo antes posible a las pymes y autónomos más perjudicados por la crisis, así como para poder recuperar la actividad previa al impacto del covid y contribuir a la recuperación económica y del empleo en la comunidad.

Además, la Junta de Castilla y León ha articulado un procedimiento ágil y simplificado para la tramitación de las solicitudes, con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa, de forma que en todo el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.