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Castilla y León pide que la nueva FP tenga en cuenta su tejido productivo

La consejera de Educación presenta alegaciones a la ley y exige el reparto del dinero presupuestado

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León

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La consejera de Educación, Rocío Lucas, reclamó al Gobierno que el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional tenga en cuenta el tejido productivo de Castilla y León y que se puedan ejecutar ya los fondos europeos destinados a este área debido a que está ya «muy avanzado» en el ejercicio presupuestario.

Así lo señaló después de participar en la Conferencia Sectorial de Educación que se celebró en Madrid y que sirvió como una «primera toma de contacto» con la nueva ministra del ramo, Pilar Alegría.

Lucas avanzó que Castilla y León ha presentado «alegaciones y aportaciones» a los dos asuntos «importantes» que se trataban ayer en este encuentro. Así, por una parte, reclamó que el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional —«importante en cuanto que vincula cada vez más la formación profesional reglada a la formación ocupacional»— recoja las «aportaciones» de la consejería para poder luego aplicar el contenido de esa ley al «ámbito territorial» de la comunidad.

«Se anula al catálogo de cualificaciones profesionales sin tener ninguna norma o estándar que determine qué es la competencia de una formación profesional», subrayó Lucas, quien reclamó además que se tenga en cuenta al tejido productivo de Castilla y León, «muy diferente al de otras comunidades autónomas».

En cuanto al segundo punto, el del reparto de los fondos europeos, Lucas solicitó que se puedan ejecutar ya debido a que se encuentran «muy avanzados». Unos fondos, explicó la consejera, que están destinados a la digitalización de la Formación Profesional y al programa Proa +.

«La ministra de Educación ha sido receptiva a los planteamientos de Castilla y León, dijo que lo tendrá en consideración y que ya nos irá informando de los avances que pueda dar en estas dos materias», apuntó.

La receptividad de la nueva ministra choca con la postura distante que trasladaba a la comunidad educativa su antecesora, Isabel Celaá, que abandonó la cartera con la sensación de sindicatos y progenitores de un mandato sin comunicación. La exministra fue relevada tras impulsar cambios legislativos, principalmente, relativos a la aprobación de la Lomloe, octava ley educativa de la democracia española duramente criticada y ante la que se rebelaron varias comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Ligar el tejido productivo con la FP implica cercanía con el mundo de la empresa. Actualmente, 18 prospectores laborales están visitando las empresas —cien al mes cada uno de ellos— para captar perfiles que requieren las empresas y que sorprendentemente no se están encontrando en Castilla y León.