El temor a robos, asaltos y okupas blinda ya con alarma a más de 30.000 viviendas

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Convertir hogares en fortalezas inexpugnables alejadas de riesgos exteriores como robos, asaltos y la intrusión de okupas genera la necesidad de contar con sistemas de protección para evitar sustos, o incluso agresiones, además de impedir que la casa sea desvalijada. En León, más de 30.000 inmuebles residenciales disponen ya de alarma, uno de cada diez hogares —el parque provincial suma actualmente 330.000 viviendas—, según estimaciones del sector de la seguridad. Un imparable crecimiento que aumenta paralelo a la instalación de otros sistemas de protección, como la videovigilancia, para disponer de un dispositivo más completo y global. España contabiliza una cámara para este fin por cada 52 habitantes, un porcentaje que acerca a la provincia a las 10.000. La propia Agencia de Protección de Datos registró en León hasta 2017 —último año que proporcionó datos al respecto— 3.273 sistemas, con la adhesión a cada uno de múltiples cámaras: un número triplicado desde 2012.

La cobertura de seguridad, al menos con una alarma, es mayoritaria en el caso de establecimientos comerciales, empresas, naves industriales y otros sectores económicos para defenderse contra los intrusos. Precisamente, este ámbito constituye el principal nicho de negocio de las empresas de seguridad, además de los organismos públicos.

En una relación causa-efecto, a medida que el número de sistemas de alarmas y videovigilancia crece, bajan los robos con fuerza, también los cometidos con el uso de la violencia en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, tal y como puede apreciarse en el gráfico de esta información. Con la pandemia y los largos periodos del estado de alarma el porcentaje de estos delitos se desplomó significativamente, alrededor de un 30% en su conjunto. La tendencia se mantiene también este año, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad: en el primer trimestre de 2021 los robos con fuerza bajaron un 37%.

«Quien nos encarga la instalación de una alarma en una vivienda no quiere que les entren en casa ni que les pase nada. Contar con este medio de protección tiene un efecto disuasorio claro, si los que tienen intención de robar ven que en una casa tiene alarma la evitan, van a la de al lado que no la tiene», asegura el responsable de la empresa leonesa Luna Seguridad. «Ahora en verano, por ejemplo, se van de vacaciones o a pasar la temporada al pueblo —remarca Héctor Luna— y no quieren volver y encontrarse su vivienda habitual patas arriba con alguien dentro». Se refiere al crecimiento del fenómeno de los okupas, con denuncias que se han multiplicado por cuatro en diez años y con el pico más alto en 2020 ante el confinamiento por el covid de las redes de vigilancia en los barrios, sobre todo, aquellos de la capital con infravivienda, normalmente muy deterioradas, antiguas y largamente deshabitadas. Después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la okupación de inmuebles recién construidos, pero sin ninguna vivienda vendida, y con la promoción en quiebra, forma parte de los casos ya computados en la ciudad.

Llama la atención la explosión desde hace tres años de la demanda de sistemas de seguridad en las comunidades de vecinos. «El crecimiento ha sido exponencial; es exagerado el número de peticiones de instalación que recibimos, sobre todo, por parte de las más grandes», recalca Luna. En estos bloques de viviendas instalan varias cámaras en lugares estratégicos, como portales, zona de buzones y garajes. Optan por blindarse normalmente tras haber sufrido algún robo, casos de acoso sexual, destrozos en vehículos del garaje, hurtos en el interior de los coches o por ser blanco de actos vandálicos, pintadas, sustracción de mobiliario del portal y hasta de los maceteros y plantas de la comunidad de vecinos.

El precio de la instalación de medidas de seguridad en el caso de una comunidad con gran número de viviendas ronda los 3.500 euros, con un coste anual de mantenimiento de 200. Para pisos que por su cuenta quieran disponer de alarma, supone un desembolso de alrededor de 500 euros, más 24 mensuales. Y existen chalés individuales con sistemas más sofisticados que superan los 10.000 euros.

Las segundas residencias también preocupan a sus propietarios, «fundamentalmente por evitar a los okupas, ha habido ya varios casos por la zona de Torneros». En las urbanizaciones a las afueras de la capital o en municipios colindantes y en casos de chalés con finca propia las medidas de seguridad llegan a la vivienda prácticamente a la vez que se instalan sus habitantes. «La protección con alarma y videocámaras es una preocupación más urbana que rural; en los pueblos todos se conocen, existe un ámbito de confianza y si hay extraños se avisan unos a otros, también tienen perros guardianes que cuidan de la casa y las explotaciones», apostilla Héctor Luna.

En España, la última cifra del Ministerio del Interior (2019) cifra el número de alarmas en el conjunto del país, de acuerdo a los contratos de gestión, en 2,25 millones de clientes: un 22% más que la cifra registrada en 2017. Y según fuentes del sector, en 2020 superó los 2,5 millones, con una previsión del 10% de crecimiento este año. La regulación fija distintos grados de sistemas de alarma en función del riesgo de la vivienda que ha de protegerse: los sistemas de grado 2 —indicado para hogares y pequeños negocios— son los más comunes y deben estar conectados a una central receptora de alarmas. Así, en caso de emergencia o intrusión, es posible verificar lo ocurrido y avisar a Policía o Guardia Civil o a los servicios de emergencia, si la situación lo requiere.