«Instalan cámaras y desaparecen los incidentes en las comunidades»

A un incidente en una comunidad de vecinos, normalmente, le sigue la reclamación por parte de los propietarios de medidas de seguridad, una demanda que en la capital se ha disparado en los últimos tres años. «Contar con videovigilancia es superdisuasorio para los que estaban pensaban en robar allí o causar algún daño». El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de León, Jesús Luque, enfatiza la existencia de robos en garajes «con casos por oleadas, como cuando actúan bandas organizadas en busca de determinados modelos de coche para vender en el mercado negro». También resultan frecuentes los asaltos a trasteros y robos en los portales de lo más variopintos, desde los felpudos y las plantas hasta los sofás y las mesas. «Hemos tenido que anclar todo el mobiliario al suelo para que no se lo lleven».

Pese a tendencia al alza en la demanda de estos medios de seguridad, Luque indica que «aún el número de comunidades con sistemas de protección es muy minoritario en la capital, a pesar de que está comprobado que en el momento en que las cámaras se instalan, desaparecen los problemas e incidentes».

Un elemento de seguridad que, sin embargo, sí está más arraigado en las viviendas desde hace décadas tiene como protagonistas a las puertas blindadas (casi el 70% de los hogares disponen de ellas) o, al menos, dotadas con un nivel de protección básico. Precisamente la accesibilidad representa en una vivienda, junto con la habitabilidad, uno de sus puntos débiles. En las casas independientes más alejadas de los núcleos de población —los adosados, pareados o chalés individuales—, los áticos o los negocios situados a pie de calle el acceso para los delincuentes por puertas o techo es más sencillo. También buscan que esos inmuebles estén vacíos, el caso de las segundas residencias, deshabitadas durante casi todo el año. En verano aprovechan la ausencia de los propietarios para robar con más facilidad, ocurre lo mismo en establecimientos.