Diario de León

El Gobierno del Principado niega que los peajes creen agravios territoriales

El pago en autopistas copa la agenda política tras la descarga de millones en la AP-9 gallega

Vehículos bajo el arco de pago de la AP-66, en La Magdalena. ARCHIVO

Vehículos bajo el arco de pago de la AP-66, en La Magdalena. ARCHIVO

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L. U. / EFE

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El peaje de León ya está en la agenda política diaria. El vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, rechazó ayer hablar de «agravios» entre comunidades autónomas en relación con los peajes en las autopistas a la vez que ha avanzado «noticias satisfactorias» para el Principado a lo largo de la legislatura en relación con el que se pega en la AP-66, principal vía de comunicación entre Asturias y León.

En rueda de prensa tras la reunión que celebró en Cabrales el Consejo de Gobierno, Cofiño señaló que hablar de agravios tiene «una carga peyorativa que no ayuda a hacer país», pero que también es cierto que hay territorios como Cataluña, Asturias o Galicia que tienen «peajes más numerosos que otras».

En este sentido, advirtió de que en el caso de Asturias sigue sin darse una explicación a la medida adoptada en el año 2000 de prorrogar la concesión de la Autopista del Huerna de 2021, cuando estaba prevista su finalización, a 2050, y ha recordado que el uso de esa vía está subvencionado para profesionales en algunos supuestos «que no son suficientes».

No obstante, respecto a la decisión del Gobierno central de bonificar con 55 millones el peaje de la AP-9 en Galicia, el vicepresidente ha recordado que en ese caso, al contrario que en Asturias, se trata de una vía interna de la comunidad que une sus cinco principales ciudades.

Visión política

«Agravios es una carga peyorativa que no ayuda a hacer país», dice el vicepresidente asturiano

Cofiño ha asegurado además que el Principado seguirá trabajando con el Ministerio de Transportes para conseguir el objetivo de minorar el coste de la AP-66 para los asturianos y que el horizonte temporal de prórroga de la concesión al que se les ha «condenado» se vea «aliviado».

El debate sobre los peajes en las autopistas se ha agitado en las dos últimas semanas, después de que el Gobierno celebrara la ejecución de medidas para abaratar el paso y pago por la AP-9, en la fachada Atlántica de Galicia, que reabrió recelos en los territorios en los que se padece desde hace años esa carga impositiva en las vías de alta capacidad.

León, que expone un ejemplo peculiar en el conjunto del Estado por contar entre su red de alta capacidad con un tercio de dobles carriles de pago, muestra su caso para valorar la eficiencia de las políticas de cohesión e igualdad de oportunidades entre todas la regiones de España que expone la autoridades cuando se refiere a la gestión territorial.

La Unión del Pueblo Leonés ya anunció días atrás la moción que llevará en septiembre a las Cortes de Valladolid, para que los grupos políticos se retraten a la hora de mantener el corsé que aprieta el bolsillo de los usuarios de las autopistas de la provincia leonesa; la que está llamada a cohesionar el eje de desarrollo más relevante del territorio entre Ponferrada, Astorga y la capital leonesa y su área de influencia, en la AP-71, y la Asturleonesa, que durante las dos últimas décadas ha sido moneda de cambio en las propuestas electorales que luego siempre resultaron un fraude para los votantes. Para los mismos contribuyentes que a diario se ven coartados al ampliar negocios o abordar la movilidad en las mismas condiciones que otros españoles a los que no se les impone en peaje.

El mismo Principado de Asturias apuntó la semana pasada a la acción negociadora con el Gobierno de España para que los presupuestos del Estado aporten a los peajes de León un trato similar al que acaban de ofrecer a Galicia en la AP-9, en forma de bonificación.

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