A partir del mes de octubre
Más de 300.000 viviendas esperan los fondos de la UE para lograr la eficiencia energética
Las comunidades de propietarios confían en que las ayudas europeas sirvan para desbloquear las reuniones de vecinos
A partir de 2007, la regulación ya obligaba a construir edificios más sostenibles. RAMIRO
En León, más de 300.000 viviendas cuentan con una calificación energética E, F o G, es decir, que sus niveles de consumo o de contaminación es muy alta, ya sea por el tipo de combustible que emplean o porque no cuentan con buenos aislamientos. El presidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas, Jesús Luque Borge, concreta que las viviendas leonesas que ahora no son sostenibles tendrán un punto de partida, a partir del mes de octubre, para acceder a los fondos que Europa ha lanzado para reactivar la economía tras la pandemia y que tendrán como objetivo la mejora de la eficiencia energética de los edificios. De los 5.800 millones que llegarán a España, el 30% se destinarán a los inmuebles de carácter público y el 70% a los residenciales.
Luque precisa que en León aún hay 347 viviendas con calefacción de carbón que, además, ya están empezando a realizar gestiones para dar el salto a combustibles más sostenibles. Sin embargo, esta acción a priori sencilla, sigue bloqueada por la imposibilidad de realizar reuniones de vecinos y, a mayores, los acuerdos que se toman —«recurriendo a la imaginación de los administradores de fincas para que puedan convertirse en acuerdos legales», como señala Luque— se ralentizan ante la falta de mano de obra cualificada o de suministros, como las válvulas termostáticas, que también deben instalarse en los sistemas de calefacción central, ya que la nueva normativa exige que cada vecino tenga su propio contador. Por ahora, la Junta no sancionará a los edificios con calefacción de carbón que presenten alguna garantía —como el presupuesto— de que la obra para cambiar a combustibles alternativos se ejecutarán. «Las únicas reuniones que estamos llevando a cabo ahora se centran en un único punto, la mayoría, para poder cambiar las calderas», señala Jesús Luque Borge, para añadir que el resto de las cuestiones están «atascadísimas».
Invertir la tendencia
Más del 80% del parque de inmuebles leonés tiene una calificación E, F o G, las que más consumen
El presidente de los Administradores de Fincas tiene la vista puesta en octubre. De momento, el Gobierno tiene paralizadas las reuniones de vecinos hasta el 31 de diciembre como consecuencia de la pandemia, a fin de evitar la aglomeración de los vecinos en los portales. Sin embargo, ante la urgencia en la ejecución que exigen los fondos europeos Next Generation, deberá, según Luque, encontrar una alternativa, ante las exigencias que requiere la toma de decisiones en el marco de una comunidad de propietarios. «Entendemos que será el pistoletazo de salida», precisa, tras recordar que sólo en León las comunidades mueven al año 800 millones de euros que ahora están casi parados ante la imposibilidad de que los vecinos se reúnan para tomar acuerdos. «Una vez que se aprueben las ayudas europeas, será una ocasión única», precisa, para incidir en la necesidad de «normalizar» la situación que ahora viven las comunidades de vecinos.
De media, los vecinos deberán hacer una derrama mínima de seis mil euros para conseguir que su edificio sea sostenible, en el caso de que sólo se tenga que cambiar la caldera. Un desembolso que se verá reducido con la llegada de las ayudas para reactivar la economía tras la pandemia. Si es preciso actuar sobre la envolvente térmica del edificio, los vecinos deberán abonar hasta 14.000 euros de media, a lo que se sumarían otros 10.000 euros para la cubierta.
Está previsto que del montante total que llegará a España de los fondos Next Generation, el 5,6% tenga como destino Castilla y León. «La Administración autonómica está muy centrada en el que el dinero llegue al ciudadano, porque si no se ejecutan en el plazo marcado habrá que devolver el dinero», especifica Jesús Luque Borge, en relación a la agilidad que será necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones enmarcadas en el plan europeo. Otra de las líneas en las que podrán emplearse las ayudas de la Unión Europea son la accesibilidad. Un 75% de las 330.000 viviendas residenciales no cuentan con suficientes infraestructuras para ser accesibles y, dentro de ellas, un 40% carecen de ascensor.
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