La nueva ley frena la expansión de los ‘riders’ a pesar de que Glovo seguirá con autónomos

La ley rider que aprobó el Gobierno en mayo y que entrará en vigor mañana choca con los intereses de buena parte del centenar de autónomos que trabajan en León para las plataformas de reparto a domicilio que han colonizado las calles de la ciudad, especialmente tras la pandemia. No creen que el modelo de negocio «resulte rentable» si las empresas tienen que contratar como asalariados a los miles de mensajeros que hasta el momento funcionan por cuenta propia para ingresar de media «unos 1.500 euros mensuales» después de pagar impuestos y descontar la gasolina, aunque los más veteranos, en los meses buenos, ganaban hasta 3.000 euros, muy por encima del salario mínimo, tal y como apunta Federico Povolato, que trabaja para Glovo en León desde febrero de 2019. La aplicación beneficia con más pedidos a los que más tiempo llevan y, por tanto, más puntuación tienen, algo que, previsiblemente, cambiará con la nueva normativa.

De hecho, la medida que pondrá en marcha el Gobierno para evitar los falsos autónomos dentro del sector ha generado mucha polémica entre un colectivo que ve peligrar su principal fuente de ingresos si cambia la relación laboral que hasta la fecha mantienen con las plataformas digitales que prestan este tipo de servicios. Desde la inspección de trabajo van a vigilar que no haya ningún autónomo que haga de enlace entre los restaurantes y los clientes. También lo controlarán los sindicatos, que acudirán a los tribunales si las multinacionales del sector no cumplen la denominada ley rider , que ya ha reducido las plantillas.

En el punto de mira está Glovo, la que más pedidos tramita en la capital leonesa y de la que dependen prácticamente el 80% de los mensajeros. Llegó a tener a un centenar de repartidores, pero la incertidumbre que ha generado la nueva regulación hizo que algunos se dieran de baja para buscar un empleo más estable o pasar a otras compañías que sí van a adaptarse a la ley, que concuerda con el criterio fijado por el Tribunal Supremo el año pasado.

Esta empresa, que no da datos sobre el número de personas con las que opera en León, tan solo contratará personal en las grandes ciudades, donde tiene supermercados propios, mientras que en el resto de municipios seguirá como hasta ahora, con trabajadores por cuenta propia, aunque la aplicación y el algoritmo que gestionan la red sufrirán algún cambio para eludir las sanciones, según confirman las fuentes consultadas por DIARIO DE LEÓN. UGT y CC OO ya han anunciado que presentarán una denuncia.

Otras, como Uber Eats, han optado por subcontratar la flota a un tercero, algo que también genera suspicacias o, directamente, por abandonar España, como anunció Deliveroo cuando se conoció el cambio normativo, aunque todavía no ha especificado cómo va a desprenderse de casi 4.000 trabajadores tras darlos de alta en la Seguridad Social.

De momento la única que opera en la ciudad y que sí cumple con lo acordado es Just Eat, que nunca prestó sus servicios con autónomos y que ya negocia con los sindicatos un convenio colectivo para toda su plantilla. No obstante, los sueldos en estos casos estarán muy por debajo del de los profesionales de Glovo que más facturan, aunque, por el contrario, se evitará que haya repartidores que no lleguen al salario mínimo, fijado en 950 euros.

«Lo de Glovo es una barbaridad», señala el coordinador de Turespuestasindical.es de UGT, Rubén Ranz, que acusa a las empresas de haber esperado al último momento para afrontar el cambio. Bajo su punto de vista, estas compañías «basan su modelo de negocio exclusivamente en reducir costes. Es una bomba de relojería», criticó.

«Nos han llegado cosas preocupantes, subcontrataciones, falsas cooperativas de trabajadores... Pero tendremos que esperar y ver cómo se concreta a partir de este 12 de agosto», aseguró el secretario de Juventud y nuevas realidades del trabajo de CC OO, Carlos Gutiérrez, antes de conocerse los detalles de la propuesta de Glovo y el planteamiento de Deliveroo.

De todas formas no todos comparten esos argumentos. Los autónomos consultados por este periódico defienden el actual marco laboral y no entienden como los representantes de las organizaciones sindicales acuerdan este tipo de cuestiones sin consultarles.

En contra están Yorman Armas y Neomar Lander, dos ciudadanos venezolanos que funcionan como autónomos y que trabajan para Glovo. «Hay mucha preocupación porque nuestros ingresos se pueden reducir a la mitad con este tipo de medidas. Nosotros pagamos aquí los impuestos, el piso y las facturas. Además enviamos dinero a nuestras familias. Esto traerá más pobreza y más paro», avisan.

Una opinión parecida vierte al respecto David Fernández Aláez, otro autónomo que reparte para Deliveroo y que no sabe si tendrá que buscarse un empleo nuevo cuando entre en vigor la ley. «Si estás contratado tienes que trabajar cuarenta horas para ser mileurista. De la otra forma hay días que puedes ingresar limpios sesenta euros», señala este leonés de 40 años que entró en el sector en 2019, cuando las plataformas digitales aterrizaron en la ciudad.

También llevaba un par de años como repartidor Jesús Ángel Prieto Díaz, pero la amenaza de Deliveroo precipitó que se diera de baja de la aplicación. «Estoy sin cobrar y he trasladado el asunto hasta la inspección de trabajo», explica. Reconoce que a él no le resultaba rentable estar afiliado al Reta tras los recortes que hizo la empresa. «Al principio se ganaba mucho, pero luego cambiaron las cosas», apunta este joven leonés que, incluso, asegura que llegó a sufrir problemas de «ansiedad» por la presión que infligía la compañía sobre los mensajeros. «Tienes un tiempo medio de llegada que inconscientemente hace que corras más o que te puedas saltar algún semáforo para que no te penalicen», reprocha.

Mientras, el movimiento Repartidores Unidos lamenta los «contratos temporales y precarios» que están ofreciendo las plataformas que optan por convertirles en asalariados, y el representante de Riders x Derechos Daniel Gutiérrez insiste en que la subcontratación se limita legalmente «a momentos puntuales y no de forma estructural», e incluso ya existen «denuncias».