La Diputación rastrea el caos del teletrabajo y detecta incumplimientos en decenas de funcionarios

El teletrabajo impuesto con el primer estado de alarma y el confinamiento demoró tareas, trámites administrativos y otras obligaciones en distintos servicios de la institución provincial ante la falta de cumplimiento de horarios y tareas de funcionarios. Según ha podido conocer este periódico, la Diputación realizó un seguimiento y detectó que decenas de trabajadores, de los más de 500 que accedieron al teletrabajo, intentaron en algún momento zafarse de sus obligaciones. El control evidenció casos de miembros de la plantilla que fichaban en su ordenador a primera hora de la mañana y transcurridas las horas no habían realizado aún ningún trámite o labor.

Los casos más graves protagonizados por trabajadores públicos de esta institución, incluso, ni siquiera llegaban a encender el ordenador en casa durante la jornada laboral. La situación de escaqueo de parte de la plantilla que podía realizar un trabajo no presencial provocó que sólo saliera «adelante un 25% del trabajo ordinario en el Palacio de los Guzmanes, con el consiguiente atasco en la gestión de determinados servicios», según desliza un miembro de la propia Corporación.

 

 

De acuerdo a una resolución firmada por el presidente, Eduardo Morán, únicamente se consideró teletrabajo o trabajo remoto en los casos de aquellos trabajadores que contaran con las herramientas técnicas adecuadas que haya validado el Servicio del TIC. Fue en otro departamento, el CPD (Centro de Proceso de Datos), donde quedó constancia de estos incumplimientos, ya que cada terminal de trabajo refleja allí su actividad en todo momento. Diputados y jefes de servicio se quejaron también durante aquellos meses —en ocasiones— de falta de respuesta de funcionarios cuando les llamaban para trámites y consultas.

A pesar de incumplimientos evidenciados, el equipo de gobierno no ha tomado medida alguna específica para sancionar a estas decenas de funcionarios. Como única respuesta ante sus faltas, ha decidido restringir al máximo desde el 1 de julio las situaciones en las que miembros de la plantilla pueden solicitar trabajar en remoto, entre ellas, según un decreto del presidente que regula estas excepciones, tener a cargo uno o varios familiares hasta el segundo grado, de afinidad o consanguinidad, que padezcan una enfermedad muy grave o grave en situación aguda que demanden de su atención y cuidado. «La gravedad de la enfermedad debe acreditarse mediante certificado médico». Además, de los empleados que pertenezcan a colectivos vulnerables frente al covid y «aquellos que hayan venido disfrutando del permiso por necesidad de conciliación de la vida familiar derivada del cierre de los colegios, escuelas infantiles y centros de día para persones mayores, si se mantienen las circunstancias que dio lugar al permiso».

 

 

La Diputación cuenta con una plantilla de 1.231 trabajadores, más de la mitad no pudieron acceder al teletrabajo por la propia naturaleza de su labor o por contar con una tarea de atención directa al público o de asistencia a distintos colectivos vulnerables en los centros asistenciales.

Tras decidir suspender el teletrabajo y permitirlo únicamente en situaciones excepcionales, la diputada de Recursos Humanos, Ana Arias, anuncia para el otoño una regulación del teletrabajo en el ámbito de la Diputación en la estela de los pasos que siga la Administración y que aún no se han cristalizado en norma. «Estamos esperando a ver qué deciden y seguiremos la línea. A la vuelta de vacaciones estudiaremos la situación en León, con datos como el grado de incidencia del covid o el porcentaje de vacunación para tomar decisiones y regular el trabajo en remoto también según nuestras propias circunstancias».

En primavera, el en aquel entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, subrayó ya el acuerdo para la regulación e implantación del teletrabajo en toda la Administración General del Estado, «fruto del diálogo y el entendimiento con las organizaciones sindicales». La transformación digital del sector público, en el marco de la Estrategia digital 2025, será una pieza clave para garantizar el funcionamiento del trabajo en remoto y la incorporación de la Administración del siglo XXI como política palanca del Plan de Recuperación trazado para España con apoyo de los fondos covid.