La Junta abre las aulas con las mismas normas que el curso pasado

Todo seguirá igual si no hay un cambio radical en la evolución de la pandemia. El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, es partidario de mantener el plan inicial diseñado para el próximo escolar curso escolar, ya que los protocolos se hicieron para un escenario de «alta incidencia» del covid-19.

Pese a que la quinta ola ha disparado la incidencia en el grupo de 12 a 19 años, la Junta no considera «urgente» replantearse la vuelta a las aulas en septiembre por que las medidas de seguridad son «suficientes».

«Seguiremos los números y las evidencias que nos hagan cambiar esta posición pero lo que se demostró el curso pasado es que los centros eran seguros, a diferencia de lo que ocurría durante los periodos vacacionales», sostiene Igea para recordar que docentes y personal de los centros ya están vacunados y avanza «a buen ritmo», en palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, la vacunación a los mayores de 12 años.

No obstante, Igea ha emplazado esta decisión a lo que se adopte en el Consejo Sectorial de Educación, con representación del Ministerio y las comunidades autónomas, la próxima semana; concretamente el día 25.

En cuanto a la vacunación de los escolares, esencial para garantizar un inicio de curso tranquilo, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, subraya que va a «buen ritmo» y confía en que la «mayoría» tenga una primera dosis antes del inicio del curso. «No me atrevo a dar porcentajes porque para eso tendría que saber el número de vacunas de las que vamos a disponer, pero en todo caso, se ha demostrado que los colegios son un entorno seguro», apostilló.

Salvo que se produzcan cambios significativos en la evolución de la pandemia, las consejerías de Educación quieren garantizar la presencialidad en todas las etapas, distinguiéndose en cuestiones como rebajar las distancias de 1,5 a 1,2 metros, el modo de retomar las extraescolares o quitarse la mascarilla en determinados supuestos. No es lo que ocurrirá en Castilla y León, que mantendrá los mismos parámetros de seguridad que el pasado curso. A diferencia de otras muchas autonomías, Castilla y León ha decidido desde el primer momento mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros pese a que el Ministerio de Educación, a petición de muchas comunidades, permite reducirla a 1,2 metros (con lo que caben más niños en el aula y, por tanto, son necesarios menos profesores).

El protocolo mantiene gran parte de las medidas implantadas el pasado curso como la toma de temperatura, ventilación cruzada, entradas y salidas escalonadas, turnos de comedor, refuerzo de la limpieza y la presencia del coordinador covid, y flexibiliza la celebración de actividades complementarias y extraescolares, recuperándose las salidas fuera del centro, que el pasado curso sólo podían hacerse a pie.

Numerosas comunidades optarán también por no mantener el mismo número de profesores de refuerzo contratados el año anterior y, por tanto, se volverá a las ratios de antes de la pandemia. Eso tampoco ocurrirá en la comunidad. Fuentes de Educación garantizan la contratación de los mismos profesores de refuerzo que León tuvo el pasado año.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, sostenía esta semana que el próximo curso escolar «contamos con una situación muy distinta a la del año pasado» debido al proceso de vacunación contra el covid-19. Preguntada sobre las medidas que se van a adoptar en el inicio del curso escolar, la ministra ha adelantado que el próximo miércoles se reunirá con las comunidades autónomas, «para hablar de todas aquellas cuestiones que consideren oportuno de cara al inicio del curso escolar».

En este sentido, recordó que en el curso pasado «no teníamos ni experiencia, ni vacunación, y sin embargo nuestro país ha sido un ejemplo porque apostó por esa educación presencial». Y valora que «gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa, de las familias, de los estudiantes, pero también de los profesores y los directores, fuimos capaces de que, al menos, cada semana el 90% de las aulas de nuestro sistema educativo estuvieran abiertas».

El pasado mes de mayo hubo una comisión sectorial de Educación, junto con la Comisión Interterritorial de Sanidad, en la que se aprobó un protocolo sanitario para hacer frente a la situación epidemiológica, un protocolo que ha tenido alguna actualización por parte de la Comisión Interterritorial de Sanidad. Las condiciones parten con unas diferencias muy importantes con las que había el año pasado, aunque se va a seguir manteniendo el uso de la mascarilla, apoyando la ventilación de las aulas, con el distanciamiento de l,5 metros, que en algunos casos se podrá flexibilizar a 1,2. Con esto último, se permite a las comunidades aumentar el número de alumnos por aula y regresar a las ratios prepandemia (cuando se desdoblaron clases), pudiendo en consecuencia prescindir de «profesorado covid» de refuerzo contratado el curso anterior.

El documento plantea escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio: 1 y 2 (nueva normalidad, menos de 50 casos por 100.000 habitantes) y 3 y 4 (de 150 a 250 casos por 100.000 habitantes y más de 250 casos).

Las medidas tendrán un seguimiento constante desde el inicio de curso por si fuera necesario implementar nuevas. Al igual que la última sectorial en la sede de Educación, la reunión tendrá carácter presencial y los consejeros autonómicos del ramo que no puedan trasladarse a Madrid se conectarán de modo telemático.

De acuerdo con dicho protocolo anticovid aprobado hace unos meses, los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso asegurando los servicios de comedor.

Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2, y en los umbrales 3 y 4. Si de modo excepcional no se pueden cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.

En Educación Infantil (3-6 años) habrá grupos de convivencia estable, aunque en 5º y 6º de primaria se podrán conformar como grupos burbuja o manteniendo la distancia de 1,5 metros.

En las aulas de Secundaria habrá que mantener 1,5 metros de distancia aunque se puede flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión. En 3º y 4º curso, en los niveles de alerta 3 y 4, habría que implantar el metro y medio de distancia u optar por las clases al aire libre.

De manera excepcional se pasaría a semipresencialidad en estos dos últimos cursos de Secundaria. En Bachillerato y Formación Profesional habrá una distancia dentro de clase de 1,5 metros, pudiéndose reducir a 1,2 metros si hay baja transmisión.

En relación con el uso de la mascarilla, será obligatorio a partir de 6 años con independencia de la distancia o la pertenencia a un grupo de convivencia estable.

En actividades al aire libre controladas en las que el alumnado respeta los 1,5 metros, se podrá valorar no usar la mascarilla durante esa actividad, sujeto a su vez a la evolución de la situación.

El curso 2020-21 acabó con el 99,9 % de las aulas abiertas y ninguna semana desde su inicio superó el 2 % de las clases cerradas.

Otro de los asuntos más relevantes este curso será la implantación de la nueva Ley de FP. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, espera alcanzar un «consenso» durante el debate parlamentario del anteproyecto. En este sentido, afirma que «apostar por la Formación Profesional es apostar por un proyecto de país» y por «darle una respuesta positiva a nuestros jóvenes con empleo de calidad y bien remunerado».

La era de la FP

«Nuestro país, como el resto del continente europeo, está inmerso en un proceso de recuperación y de modernización», señaló esta semana Alegría, que destaca que «tenemos que tender hacia esa actualización digital más verde y más sostenible, y difícilmente podremos acometer esa modernización y transformación de país si no echamos mano de una buena educación y una buena Formación Profesional». La ministra ha indicado que, desde el año 2018, «estamos inmersos en ese trabajo, un trabajo además colaborativo con las diferentes comunidades autónomas pero también con todas las instituciones que forman parte del entramado de la FP, de las organizaciones sindicales y empresariales». «Se trata de generar una FP que, sobre todo, sea una puerta al empleo, mirando especialmente a nuestros jóvenes» que «merecen esta oportunidad de tener, a través de la FP, un empleo digno y bien remunerado; y a la vez también mirar a esos trabajadores que llevan muchos años mostrando su buen trabajo en las distintas empresas y a las que hoy, por fin, merecemos y necesitamos ir reconociendo y acreditando sus competencias».

En estos momentos, hay un anteproyecto de Ley de Formación profesional, que nace de ese acuerdo, ese consenso y esa participación de todos los agentes implicados en la FP. «Me gustaría que aprovecháramos esta oportunidad que tenemos como país de poner en marcha una nueva ley de FP, actualizada a este siglo XXI, y espero y deseo que ese consenso y esa ilusión que he sentido en ese primer trabajo para generar ese anteproyecto podamos continuar viéndolo en ese debate parlamentario que espero tener próximamente».