La guerra con la Diputación por la deuda se cerrará con el reparto de la recaudación

El acuerdo para que el Ayuntamiento asuma la gestión de los cobros por el servicio de transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos se enmarca en la polémica de la deuda acumulada por el consorcio desde hace 12 años. El impago de los cinco últimos meses de 2009 y todo el ejercicio 2010, tras una guerra entre los gestores políticos y la UTE concesionaria ocasionada por quién debía asumir la subida del 64% en el capítulo de personal, derivó en una factura de más de 23 millones de euros, según el acuerdo judicial alcanzado. Tras afrontar 13 millones con un crédito, Gersul aprobó repartir la aportación de los 10 millones restantes necesarios en función de la población de cada socio: 5,5 millones para la Diputación; 2,7 millones para el Ayuntamiento de León; 1,4 millones para Ponferrada; y 666.000 euros para San Andrés.

El acuerdo fue secundado por todos asintieron, menos los rectores del consistorio de la capital leonesa, que amenazaron incluso con recurrir a la justicia, aunque luego el alcalde se plegó a la aprobación de una partida para cumplir con su parte. El planteamiento municipal se centraba en la denuncia de que Gersul arrastra 15,5 millones de euros de recibos incobrados de los ejercicios 2020 y anteriores. Aunque los ataques se centraron en los equipos de gobierno anteriores, la discusión avivó las diferencias. Ahora, el acuerdo, que todavía debe ratificarse, separará las funciones de recaudación, a la vez que hará que el Ayuntamiento se ahorre los 90.000 euros que paga hasta ahora a la Diputación por la gestión del cobro de Gersul.