Los fiscales leoneses intensificarán la lucha contra los delitos de odio a través de internet

Los fiscales leoneses intensificarán el control de los discursos de odio en las redes, siguiendo una directiva fijada por la Fiscalía General del Estado, que ha puesto en marcha mecanismos para luchar contra los discursos xenófobos y homófobos, ante la espiral de acontecimientos que se han registrado en las últimas semanas.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, remitió a tal efecto una comunicación a los integrantes del Ministerio Fiscal para informar y facilitar la aplicación en los diferentes procedimientos del protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, en su labor como Punto Nacional de Contacto.

La plantilla de fiscales de León está compuesta por 25 miembros, divididos entre la Fiscalía de León y la Fiscalía de Área de Ponferrada. Dieciséis corresponden al área de la capital y nueve están adscritos al Bierzo.

El protocolo se enmarca en el acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia suscrito el 19 de septiembre de 2018.

Precisamente, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía 2020 en la apertura del año judicial el pasado lunes afirmó que los delitos de odio y discriminación «atacan los valores estructurales de nuestro sistema constitucional y de nuestra convivencia democrática».

Los motivos más numerosos, subrayó, se refieren a la orientación sexual, al racismo y la xenofobia. Además, afirmó que se ha apreciado un sensible aumento del motivo ideológico, especialmente a través de las redes sociales.

Entorno digital

En este protocolo, según informa El Confilegal , la Fiscalía General del Estado asume un papel protagonista en la lucha contra el discurso del odio en red, encargándose específicamente de tramitar el traslado a los prestadores de servicio de alojamiento de las resoluciones judiciales que se dicten sobre la retirada o bloqueo en el entorno digital de aquellos contenidos ilegales, a través de un canal preferente que será gestionado por la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, para garantizar así su ágil y efectivo cumplimiento y para la debida protección de las víctimas y personas especialmente vulnerables.

La Fiscalía General subraya en la comunicación su compromiso e implicación para perseguir, combatir y erradicar los delitos de odio y discriminación, «unas conductas que atentan gravemente contra los elementos estructurales y vertebradores del orden constitucional, de nuestro sistema de derechos y libertades y de la propia dignidad humana».

Este protocolo fue suscrito el pasado mes de febrero por la Fiscalía General del Estado, el CGPJ, las Secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales y Migraciones y el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y por prestadores de servicios de alojamiento de datos, a través de la Asociación Española de Economía Digital, en la que se integran empresas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o Microsoft.

La Fiscalía señala que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la apreciación de este tipo de delitos que indican que es «importante no solo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con los que han sido utilizadas, pues es evidente que el lenguaje admite ordinariamente interpretaciones diversas».

Dicha doctrina también reconoce que «hay que tener en cuenta el contexto y las circunstancias que concurren en cada caso», porque «está en juego la libertad de expresión». Por ello, se exige una labor de investigación individualizada, con un riguroso análisis, que caso por caso, habrá de examinar tanto las concretas frases o expresiones producidas como la ocasión y el escenario».