Las constructoras reclaman la revisión de precios en la obra pública por la inflación

Las constructoras van a plantear al Gobierno este otoño la derogación de la Ley de Desindexación para asegurar la viabilidad de los proyectos y hacer frente a los sobrecostes de las materias primas, que a lo largo de este año han experimentado una escalada de precios que en algunos casos obliga a replantearse obras que ya están en marcha.

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, reveló ayer que «a la vuelta del verano» lanzarán esta propuesta a la Confederación Nacional de la Construcción para que se la traslade al Ejecutivo de Pedro Sánchez con el objetivo de que la tarifa de adjudicación de una obra de estas características pueda ajustarse si hay algún cambio significativo, como, por ejemplo, que el acero suba un 50%, algo que ha ocurrido este curso.

«Ahora mismo, con la ley, eso es imposible porque el contrato está cerrado, a no ser que sea un proyecto muy grande», explicó Enrique Pascual, quien reconoce que esos incrementos en los costes de las materias primas y del transporte tienen que transferirse de alguna forma al precio final. Apunta que cuando se trata de un acuerdo entre un particular y una empresa es mucho más fácil ajustar la factura si durante el tiempo que dura el trabajo se encarecen los materiales, pero en el caso de los contratos públicos no hay ningún margen para renegociar a pesar de que los plazos suelen dilatarse.

De todas formas reconoce el presidente de la Cámara que por ahora no aprecia «grandes conflictos en este sentido», aunque asegura que no todo «puede hacerse en función del IPC», por lo que reivindica un cambio de esa Ley de Desindexación, en la misma línea que ya exploran en Italia. El Gobierno del país transalpino va a revisar los precios de las obras que dependen de la administración para amortiguar el actual periodo inflacionista.

Hay que tener en cuenta que los materiales más utilizados valen este año casi el doble que el pasado. Ha subido la cal para la estabilización de terraplenes, el acero corrugado, el aluminio, los betunes asfálticos o el cobre. También los combustibles. La Comisión Europea ha recomendado que no se penalice a las compañías por el incumplimiento de los plazos y que se busquen soluciones ante este encarecimiento, sobre todo en la antesala de la llegada de fondos europeos asociados al plan Next Generation, que apoya buena parte de su eficacia en el sector de la construcción.

Además, la crisis desatada por el coronavirus también ha paralizado proyectos y frenado la expansión de la obra pública. De hecho la licitación cayó un 68,2% en 2020 si se compara con la media que se registró entre 2003 y 2008, la última etapa con situaciones «normalizadas», tal y como subrayó en su momento Enrique Pascual, quien aclaró que tras el pico de 2009, debido al Plan E impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, la licitación se ha recuperado «muy poco a poco», hasta que llegó el covid.

Así, la media de licitación de obra oficial en aquellos años libres de pandemia fue de 2.832 millones de euros en Castilla y León, frente a los 900 millones de 2020, una caída muy pronunciada después de un ritmo en la última década que era «lento» pero sostenible. «Se estaba recuperando poco a poco, consistentemente, de forma sana», apuntó Pascual, quien aclaró, cuando presentó estos datos, que sin la emergencia sanitaria habría alcanzado este 2021 los 1.500 millones.

No obstante, las obras del AVE en la variante de Pajares, que movilizaron el año pasado 48,9 millones del Ministerio de Transportes, y la transformación en regadío del sector XVII de Payuelos, con otros 35,7 millones de euros cargados a la Consejería de Agricultura, amortiguaron el impacto que tuvo la pandemia sobre la licitación pública, que se desplomó en todas las provincias de la comunidad a lo largo de 2020, excepto en León, donde se disparó un 41,3%, hasta los 199,4 millones (58,3 más), aunque esa tendencia no se ha mantenido en los primeros meses de 2021.