El Ayuntamiento notifica 6.600 multas en ejecutiva para perseguir el cobro de 1,05 M€

La vía de agua por la que se perdieron hasta 1,4 millones de euros en multas a final del mandato pasado y el inicio del presente, debido a que prescribieron porque no se notificaron a tiempo, se apresta a taponarla el Ayuntamiento de León. La integración de las aplicaciones informáticas de gestión de ingresos dentro del sistema GTT, compartido ahora por la Policía Local y el departamento de recaudación, acota las opciones de que se escapen los cobros por la deficiencia en la gestión.

La opción de que se libren aquellos que no decidan pagar de forma voluntaria, como sucedió la última vez, se recorta con el modo de funcionamiento de notificaciones impuesto por el equipo de gobierno de José Antonio Diez. El ejemplo lo podrán comprobar los titulares de los más de 6.600 boletines de sanción que emite estos días el departamento de cobros en ejecutiva. La factura suma 1.054.000 euros reclamados a los conductores responsables de haber acumulado sobre todo faltas de la ORA, de los semáforos de foto rojo que se reparten por el municipio, de los radares de velocidad, tanto el fijo como los móviles, así como por otras conductas fuera del código de circulación.

No se trata de las más de 4.000 sanciones que a mediados de agosto notificó la Policía Local de golpe, correspondientes a infracciones en su mayoría del último año. Las multas que se reclaman en este momento corresponden a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Todas ellas han sido notificadas ya con anterioridad en el periodo de voluntaria, pero no han recibido respuesta por parte de los infractores en el plazo que les da la ley, ni tampoco han sido recurridas, lo que retiene el procedimiento hasta la resolución definitiva.

Ahora, las más de 6.600 sanciones que lanza estos días el departamento de recaudación entran dentro de la cadena de reclamación de la vía ejecutiva en la que hay en total más de 8 millones de euros de cobros pendientes por este concepto, que ya supera incluso al IBI. Ya no cabe descuento del 50% por pronto pago, como sucede con los que deciden cumplir con el abono de lo marcado en el boletín dentro de los 20 días naturales siguientes a recibirlo. Sin esta gracia, que se acaba 25 días después de que venza el primer plazo sin hallar respuesta, el final del periodo voluntario hace que se les aplique un 20% de recargo e intereses de mora derivados del tiempo que lleven en la lista de morosos de la administración municipal. Por ejemplo, a los titulares de vehículos que hayan incumplido una norma que conlleve pérdida de puntos y no hayan notificado al conductor, se les multiplica por tres de manera automática el importe inicial de la sanción. Los 200 euros de saltarse un disco en rojo pasan a ser 600 euros y, en caso de no liquidar el débito, la bola pasa de los tres dígitos de manera exponencial.

Con esta cifra le llegará a los infractores a casa en los próximos días el boletín, donde se les detallará los conceptos y se les comunica el nuevo plazo que tienen para cumplir con las obligaciones. Si no lo hacen, entran dentro del proceso de embargo. Salvo que el deudor pida que se modifique el orden, para elegir qué le embargan, la escalera de reclamaciones para intentar saldar la deuda comienza por las cuentas abiertas en entidades de depósito, luego créditos, efectos y valores y derechos realizables en el acto a corto plazo y, después, los sueldos, salarios o pensiones, si es posible. En esta fase suelen obtenerse la mayoría de los resultados a partir del cruce de los datos con Hacienda por IRPF o el IVA que se les descuenten de manera automática. En último caso, se intenta trabar los inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales y, por último, los vehículos para subastarlos. Una vez obtenido dinero líquido, el Ayuntamiento se queda con la deuda y, si no hay otras administraciones pendientes de cobro en el registro, se entrega al titular la cantidad que reste.

El recibo apunta además el coste de la nueva fórmula de notificación adoptada por el Ayuntamiento de León. Los funcionarios de Correos tramitan ahora la comunicación por medio de tabletas electrónicas, en lugar de sólo con los resguardos de firma como se hacía antes. Como consecuencia, los 5,98 euros de coste, en vez de los 4 euros anteriores, se suman al debe del infractor.

El modo de gestión permite además a los infractores poder saldar la deuda de manera inmediata con el notificador, que le cobra la sanción en el momento y remite el dinero a la cuenta del Ayuntamiento, aunque con el añadido adicional de otros 1,95 euros. El consistorio espera de todos modos avanzar en el sistema con la entrada de la notificación electrónica, que para las personas jurídicas ya es obligatoria, lo que reduciría un 25% la factura postal de un millón de euros que cada ejercicio tiene que afrontar la administración municipal de la capital leonesa. La reducción de la factura de gasto se complementa con la mejora de los cobros para redondear el resultado de caja.