León se libra de la intervención del Gobierno en los alquileres pese a sus 60.000 pisos vacíos

La medida adoptada por el Gobierno para regular los precios del alquiler no tendrá efectos en León. Pese a contar con cerca de 60.000 viviendas vacías, casi 15.000 en la capital y su área metropolitana, los propietarios de la provincia leonesa eludirán la intervención planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. No sólo se librarán por la decisión de la Junta de no activarla, sino que la estructura del mercado invalida la opción de que las administraciones públicas puedan influir en la rebaja de las facturas que se pagan por un piso alquilado en el caso de que el casero quiera encarecerla: ni cuadra con la definición de zona tensionada, avanzada por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, como aquellas en las que «se han producido incrementos en los precios de forma continuada en los últimos años»; ni proliferan en su oferta los propietarios con personalidad jurídica y más de 10 propiedades. Fuera de esta radiografía, «el problema» provincial no pasa por que haya «un exceso de la vivienda vacía», ni por que la factura sea excesiva, dado que el «precio medio para un piso de entre 80 y 90 metros cuadrados es de 400 euros», sino porque «no tenemos gente, porque no tienen ingresos al estar en el paro y porque se van cerca de 1.000 jóvenes al año», como resuelve el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Miguel Ángel Sánchez Fraile.

El portavoz de la organización insiste en que, «a falta de ver la redacción», la ley casa con la costumbre de «legislar para las grandes ciudades», pero se olvidan de «la famosa España vaciada o en camino de estarlo». En León, a pesar de no ser una plaza atractiva para los fondos de inversión, hay 6.129 grandes propietarios: 5.624 tienen entre once y 25 inmuebles, 434 tienen entre 26 y 50 propiedades y 171, más de 50, según el Catastro. «Los grandes fondos analizan y este es un mercado a la baja en la creación de empleo. ¿Van a invertir donde se está yendo la gente? No. Van a donde se marchan», explica el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, quien sentencia que la medida «no va a ser operativa, ni eficaz» y se orienta a «recaudar por recaudar caiga quien caiga».

Sánchez Fraile insiste en que el análisis de la evolución de los precios de los alquileres demuestra que en la provincia «no hay zonas tensionadas, aunque admite que «no puede ser igual un piso de 120 metros en el centro que de 60 metros en otro barrio». Al margen de estas «diferencias lógicas», el mercado leonés «tiene un funcionamiento normal, muy bueno». «Si tenemos alquiler tipo de 400 euros y un salario mínimo de 1.000 euros, estamos hablando de que la media está dentro de un orden, no de zonas tensionadas», subraya.

En León, donde se dan otras cerca de 60.000 segundas viviendas, «el inquilino que puede compra», detalla Sánchez Fraile, quien cita que el 50% se marcha antes de que pasen tres años. El escenario provoca que «cualquier incentivo sea mejor visto que este tipo de coacciones», como señala el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, quien abunda en que «hay una falta de oferta de alquiler, pero de alquiler social, con un parque público, pero también barato y asequible para jóvenes». Para lograrlo, avisa de que «la colaboración público-privada es más importante». En esta sintonía aplaude la medida del «famoso bono de los 250 euros» que «aquí ya ha tenido ensayos» con las políticas de «la Junta, que cada año pone más dinero para estas ayudas». «Habrá que ver qué pasa porque tienen que convivir ambas medidas», cita el portavoz de la organización, quien valora también que se hable de hable de incrementar «la bonificación del rendimiento que se declara, que ahora está en un 60% cuando es para vivienda actual».