La descentralización del Estado en León genera 2.500 empleos en 15 años y un negocio de más de 60 M€

El debate sobre el posible traslado de organismos estatales fuera de Madrid viene de lejos, aunque los últimos años había pasado desapercibido tras varios intentos fallidos. La propuesta que ha lanzado estos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar de la capital algunas instituciones ha devuelto este asunto al primer plano de la agenda política. Tanto Moncloa como el PSOE defienden de nuevo la «desconcentración» de la Administración General del Estado para revertir la sangría demográfica en las zonas más deprimidas de España, como hizo en su día José Luis Rodríguez Zapatero con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, un ejemplo tangible de esa deslocalización de la que tanto se ha hablado la última semana.

Cuando el Incibe abrió su sede en León, hace 15 años, solo había un puñado de empresas del sector diseminadas por la provincia. Apenas daban trabajo a 900 personas en total. Hoy, el ecosistema generado alrededor de este organismo cuenta con 75 compañías relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, de las que dependen más de 3.000 profesionales cualificados.

Solo la parte privada mueve cada año un negocio cercano a los 60 millones de euros —la facturación en 2020 superó los 55 millones—, a los que se añaden los fondos públicos. En los presupuestos del Gobierno de coalición hay una partida de algo más de 6,7 millones para inversiones en este organismo y otros 183,4, inyectados por el plan de recuperación y resiliencia, para impulsar la transformación digital de España, aunque en este caso su impacto será muy limitado, ya que el Incibe tan solo actuará como intermediario.

La experiencia que arroja la descentralización del Estado en León es positiva, pero será difícil que pueda replicarse en otros municipios de la provincia si lo que se deslocalizan son instituciones que no necesitan del sector privado para crecer, como puede ser cualquier ministerio, las Cortes o los altos tribunales.

Lo cierto es que con la dispersión de las sedes se repartiría mejor el peso del empleo público en España, aunque no se resolverían los problemas estructurales que arrastran provincias como León, donde cada vez hay menos oportunidades laborales.

De momento nadie del Ejecutivo central ha especificado qué organismos o agencias saldrían fuera de la capital y si se crearían algunas nuevas, como ocurrió con el Inteco —ahora Incibe— o con la propia Ciudad de la Energía (Ciuden), que tendrá un presupuesto de 3,7 millones para el próximo año, aunque manejará en total casi 10. La idea es que albergue también un proyecto sobre el reto demográfico, según el compromiso de Pedro Sánchez.

En el Bierzo hay igualmente otro ejemplo de esa deslocalización que promulgan ahora desde el PSOE, aunque con un impacto mucho más moderado que el Incibe o la Ciuden, dos organismos fundamentales para avanzar hacia un nuevo modelo productivo. La Uned tiene en Ponferrada un centro asociado que recibirá en 2022 de los fondos públicos 413.000 euros.

Del mismo modo, deja beneficios la instalación del Centro Estrada en el polígono de Onzonilla, desde donde la DGT tramita todas sus multas con una plantilla de 145 personas. En este casto tampoco se genera alrededor un nicho de actividad privado que dinamice la economía local. Algo parecido ocurre con el laboratorio de ensayos que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que pertenece a Defensa, tiene en el polvorín de Cuadros. No es una agencia independiente, como pasa con el Incibe o la Ciudad de la Energía, los dos exponentes más relevantes de esa desconcentración que absorberán buena parte de los fondos europeos vinculados a la reconstrucción del país tras la pandemia. De todas formas, entre todos generan más de 2.500 empleos, aunque es el instituto el que tira del mercado laboral, con esos 3.000 puestos asociados, entre directos e indirectos, 2.100 más de los que había hace quince años, cuando se inauguró el Incibe.

No obstante, si la descentralización pasa por mover también a trabajadores, el Gobierno se topará previsiblemente con el rechazo de los afectados. «Nos parece una polémica estéril», defiende Csif, el sindicato más representativo de las instituciones públicas.