Dos maestras de Religión cobran de Educación aunque no pueden dar sus clases

Dos maestras de la asignatura de Religión en León están en nómina de la Consejería de Educación a pesar de que aún no han podido acceder a las aulas a dar sus clases porque los centros educativos que tienen asignados carecen de la acreditación de horas, lo que impide a ambas cumplir con su trabajo. Los dos casos están siendo analizados por Educación y según apuntan fuentes de la consejería «se está en contacto con el Obispado analizando la situación», a pesar de que una sentencia judicial obliga a la Junta a su reincorporación.

«Me gustaría saber por qué no puedo entrar a mi puesto de trabajo», señala Begoña Álvarez, una de las dos afectadas, quien explica que esta situación se arrastra desde 2018, cuando las dos docentes fueron despedidas alegando «motivos religiosos que afectaban a su idoneidad», pero sin especificar cuáles. «Cuando la Junta pidió que aclarasen cuáles eran los motivos adujeron, en mi caso, impuntualidad y que no presentaba la programación y la memorias, cosa que no era cierta como quedó demostrado en el juicio», señala la afectada quien decidió acudir al abogado César Joaquín Merino, ya que finalmente fue despedida por la Junta.

El acuerdo de la Santa Sede con Educación determina que es la propia Iglesia la que selecciona a los docentes para impartir la asignatura, aunque es la Consejería de Educación de Castilla y León, en este caso, quien asume el contrato de los profesores de Religión como los de cualquier otra materia, aunque se renuevan cada año. Sin embargo, son los obispados los que dan la idoneidad correspondiente y seleccionan a aquellos que pueden dar las clases en función de la matrícula en la asignatura en cada uno de los centros.

La sentencia judicial declaró improcedente el despido y ofrecía a la Consejería de Educación, como única responsable del contrato, dos alternativas: readmitirlas o abonar en el caso de Begoña Álvarez 41.000 euros por los días que no pudo trabajar. La profesora explica que Educación decidió reincorporarlas —a pesar de que ella había decidido jubilarse— pero este septiembre, tras dos cursos dando clase, al volver a las aulas los responsables del centro que tiene asignado le dijeron: «No puedes entrar a clase porque los inspectores de Educación nos han informado de que no tienes la acreditación», para añadir que a pesar de todo, no se ha nombrado a otro maestro para su puesto.

Begoña Álvarez recuerda que tiene su contrato y que sigue percibiendo todos los meses su nómina pero que no puede ir a trabajar ante la falta del certificado que tiene que entregar la propia Consejería de Educación en el colegio. Por este motivo, a principio de curso, ya contactó con la Dirección Provincial de Educación de León y con Recursos Humanos en Valladolid. La afectada exige una respuesta tras dos meses de espera y recuerda a la administración que «hay una sentencia judicial firme, que no recurrió y ahora no cumple».

Álvarez tiene a sus espaldas dos décadas de docencia y no entiende por qué no puede regresar ahora a las aulas cuando su contrato «está vigente y es indefinido». «Los que no vamos acorde con todo lo que exige el Obispado al final tenemos problemas, aunque la mejor referencia de nuestro trabajo esté en los colegios», dice, para añadir que los más afectados son los niños que aún siguen sin clase.