El PP y la UPL hacen pinza para que se haga el cerramiento del Palacio de Congresos

Al ritmo que van las cosas del palacio, el PP y la UPL han decidido aliarse para promover una moción es lo que reclaman al equipo de gobierno del PSOE que ejecute de una vez el proyecto para la construcción del cerramiento del Palacio de Congresos. La propuesta, que se prevé que se someta a votación en el Pleno municipal de la próxima semana, insiste en que es «inaplazable la licitación» de la obra de las envolventes del edificio de la antigua Azucarera Santa Elvira para la posterior adecuación interior del inmueble. No puede esperar más, como coinciden los dos grupos políticos, porque se necesita «poder desmontar los arriostramientos de las fachadas existentes», que garanticen «la pervivencia de los elementos arquitectónicos catalogados». Hay dinero, insisten las formaciones, al pie de los más de 5 millones de euros de remanente que se guardan en caja con carácter finalista, sin opción de reinventirlos en otras actuaciones, pero menguan a un ritmo de 207.174,08 euros anuales, que a partir de noviembre se incrementarán en 98.951,68 euros, hasta 306.125,76 euros, por el alquiler del andamiaje.

La iniciativa se plantea tres años y medio después de que se recibieran las obras del Palacio de Exposiciones. A mayores de los 15 primeros meses, en los que todavía gobernada el PP, los populares y los leonesistas inciden en la moción en que la operación cuenta, desde finales de 2018, con el «visto bueno» entre las tres administraciones implicadas en el pago: Ayuntamiento de León, Junta y Gobierno. Pero el PSOE no la ha llevado adelante en sus más de dos años de mandato, pese a que «sí hay financiación, que en caso de no realizarse, como ha sido el caso, estaría improductiva en las arcas municipales». El consistorio de la capital leonesa, recalcan, «no incurriría en el coste anual de alquiler de arriostramientos o estabilizadores del edificio», cifrados en 306.125,76 euros a partir de ahora, y el cierre de la estructura «posteriormente se completaría con financiación proveniente de todas las administraciones».

El cumplimiento de la segunda parte debería plasmarse en un nuevo acuerdo entre las tres partes implicadas. El convenio marco inicial rubricado reseña que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene que aportar 30.488.477 euros; la Consejería de Fomento de la Junta otros 30.488.477 euros y el Ayuntamiento de León los 15.244.238,50 euros que restan hasta sumar la factura total de 76.221.192,50 euros. Pero con este dinero ya no llega. Los incumplimientos en los plazos de las aportaciones, sobre todo por parte de la administración autonómica, derivaron en una ralentización que la UTE adjudicataria, formada por Dragados y FCC, reclamara sucesivas indemnizaciones hasta completar un pago de 6,7 millones de euros, a los que se añadieron después otros 773.170 euros para resolver el compromiso que tenían las constructoras para ejecutar el último de los edificios. A esta rémora hubo que apuntarle además los 2,1 millones de euros del incremento del IVA, que en 2014, después de la adjudicación, paso del 18 al 21% y encareció aún más el plan. Como consecuencia de todo el listado de sucesos, el consistorio se encontró con que no podía completar los casi 20 millones de euros que costaba la construcción del Palacio de Congresos, según los planos entregados por el arquitecto francés Dominique Perrault.

Pero sí cuenta con fondos disponibles para afrontar el cierre de la estructura. El proyecto, que tienen adelantado los técnicos municipales desde 2018, apunta un tipo de licitación de 4,7 millones de euros para poder hacer el cerramiento del edificio de la vieja Azucarera Santa Elvira. En el plan entra la ejecución de las paredes exteriores, a partir de la conservación de los muros existentes y los elementos singulares, como la chimenea, la cubierta y las divisiones interiores que definen la organización del gran auditorio y las salas complementarias.

El planteamiento «mejoraría la visión y aspecto del conjunto arquitectónico, así como las condiciones de seguridad y salubridad del mismo», como se detalla en la moción. Por delante quedaría el acuerdo para reunir el dinero necesario para el equipamiento interior y puesta en funcionamiento. Una de las alternativas que estudió en su momento el PP pasaba por sacar a concurso la gestión durante un determinado número de años y que, a cambio, la empresa concesionaria asumiera esta factura, pero ahora se apuesta por reclamar un nuevo esfuerzo público. La Junta, de acuerdo a la PNL aprobada en 2016 en las Cortes a instancias de la UPL, ya se comprometió a asumir su parte del sobrecoste. Aunque sobre el papel todo queda por cerrar, igual que le sucede el Palacio de Congresos desde hace años.