El Ayuntamiento prorrogará hasta marzo del año 2024 el contrato del autobús urbano

Tres meses de restricciones por la pandemia se van a convertir en dos años y tres meses más de concesión. El Ayuntamiento de León aprobará esta semana el acuerdo para reconocer a la empresa del autobús urbano, Alesa, filial de Alsa, el derecho a prorrogar su tiempo de contrato hasta marzo de 2024. La gracia se justifica en la reducción de los ingresos que la concesionaria tuvo como consecuencia de las limitaciones sanitarias, pero sin llegar a los extremos que pretendía en sus informes de argumentación del restablecimiento del equilibrio financiero. Frente a los 1.098.105 euros que defendía el operador —615.805 a enjugar con la ampliación del tiempo de explotación y 482.300 euros a liquidar de manera directa—, los técnicos municipales tan sólo reconocen el plazo de aumento del compromiso, sin cantidades adicionales.

La reclamación de Alesa incide en que «los kilómetros y horas reales de servicio realizados se han visto reducidos y limitados como consecuencia de la imposición del primer estado de alarma y las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de León», como la suspensión del 100% del servicio entre el 13 y el 14 de marzo; la puesta en funcionamiento de a tan sólo el 25% desde el día 16 ; la gratuidad total desde esa jornada hasta el 22 de junio; y el aumento hasta el 55% de los servicios desde el 25 de mayo hasta que se restableció por completo el 12 de junio. «Esto ha supuesto que los ingresos reales obtenidos por la concesión en el periodo objeto de análisis hayan ascendido únicamente a 1.379.932 euros», citan los responsable de la filial de Alsa, que abundan en que la comparación con «los ingresos de la concesión en condiciones normales de explotación, los cuales ascienden a 2.432.716 euros» resuelven una «reducción de ingresos durante el Estado de Alarma asciende a 1.052.784 euros, un 43%». A mayores, meten «los sobrecostes» como consecuencia de «las medidas extraordinarias impuestas por las autoridades sanitarias y de transportes para minimizar el riesgo de contagio», como la limpieza y otros, que cifran en «45.321 euros». «En concreto, la total compensación del desequilibrio mediante esta medida de ampliación de su duración requeriría la ampliación del contrato por un periodo de 4 años», reseñan, antes de hacer constar que el contrato de concesión recoge que tan sólo se podrá llegar a una prórroga de un máximo del 15% sobre los 15 años adjudicados, que suponen 2 años y tres meses, por lo que anotan la necesidad de compensar el resto con un pago directo.

Informe técnico municipal

No acceden los técnicos del Ayuntamiento de León a esta pretensión. El informe del responsable incide en que «la concesionaria Alesa se acogió a un erte que en ningún caso ha sido tenido en cuenta en la pericial realizada y que ha supuesto un significativo menor gasto de personal para el operador», además de que advierte de que «las reducciones no han sido proporcionales en todas las líneas» dado que se ha mantenido «la actividad permitida prioritariamente en aquellas expediciones con mayor ocupación». «El coste de personal en la estructura de coste de la empresa de transporte urbano supone un 70% del total por lo que reducimos en un 50% el perjuicio económico por este menor gasto incurrido alcanzando un valor de 594.494,97 euros, 639.815,97 sumando los costes derivados de la desinfección y limpieza», calculan desde la administración municipal, que incide en que la reclamación de la concesionaria «adolece el expediente de importantes documentos en los que se apoya para justificar» la cantidad. Como resumen, insiste en que se debe tener en cuenta «el erte al que acudió la empresa concesionaria, competitividad y asunción del riesgo y ventura o condicionantes que prevén que los resultados de explotación podrían presentar mejores perspectivas en años sucesivos». «En todo caso, las pérdidas de ingresos y el mayor coste supera ligeramente los 2 años y 3 meses máximo de prórroga que permite la aplicación del Decreto, el 15 % de los 15 años del contrato. La alternativa a esta solución, modificación de los parámetros económicos, no es planteada por el concesionario ni conviene a este regulador en tanto en cuanto no está previsto en los presupuestos municipales, ni se va a alterar el precio al usuario en un momento en el que es necesario, por muy diversos y numerosos motivos, incentivar el uso del transporte público», zanja.