Tribunales
La Fiscalía ve delito en la consulta de un policía al expediente de Rocío Carrasco
En León no se han abierto diligencias de momento al agente que examinó los documentos
Las consultas al expediente judicial de Rocío Carrasco durante la emisión de la serie documental emitida la pasada primavera por televisión pueden ser constitutivas de un delito penal, según la Fiscalía de Valencia, que ha ordenado la apertura de diligencias previas contra siete funcionarios que accedieron a la documentación obrante en el sistema Viogen y que pudieron incurrir en revelación de secretos.
La Fiscalía Provincial de León no ha abierto ningún tipo de diligencia de estas características ni ha recibido instrucciones para hacerlo, según confirmaronn a este periódico fuentes solventes. Un agente de la Policía Local de León fue apartado del servicio que prestaba y relevado a otras funciones, tras descubrirse que había examinado los documentos en su momento. El mando policial consideró en aquel momento que se había cometido «una chiquillada» sin mayor trascendencia y restó importancia a lo ocurrido. No obstante, el agente en cuestión fue trasladado a otro departamento.
Según informó el diario Las Provincias , la investigación iniciada en abril ya ha concluido y de ella se desprende que siete funcionarios de la provincia de Valencia pudieron haber cometido un delito de revelación de secretos penado para quienes «sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero».
La Fiscalía de Alicante archivó las diligencias de investigación al no apreciar delito alguno, y dado que «se trataba de datos que la propia interesada estaba dando a conocer por televisión», según alegaron fuentes del ministerio fiscal. En el caso de Valencia, el ministerio fiscal considera que sí hay indicios de delito, y se trasladó el tema a los juzgados de Alzira, Onteniente, Moncada, Catarroja y Sueca.
La Secretaría de Estado de Seguridad bloqueó el acceso al sistema a todos ellos y, posteriormente, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo y uno disciplinario, y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.