Diez aprueba de tapadillo y en contra de su socio de gobierno los bares de Ordoño II

El proyecto para la privatización de espacio público con destino a la ejecución de tres pequeños bares en Ordoño II sigue, por ahora, adelante. Un mes después de que el acuerdo quedara encima de la mesa de la Comisión de Hacienda y Régimen Interior, después de que los grupos políticos de la oposición e incluso el concejal socialista Carmelo Alonso afearan que se había llevado a la reunión a última hora sin apenas tiempo para estudiarlo, el alcalde de León, José Antonio Diez, aprovechó la junta de gobierno del pasado viernes para aprobarlo tras su inclusión en el orden del día por urgencia. Pero ni siquiera en este órgano, en el que tan sólo están representados los concejales del equipo de mando del Ayuntamiento, logró la unanimidad. La decisión prosperó, pero en contra del criterio de su socio, el edil expulsado de Podemos, Nicanor Pastrana, quien emitió su voto de rechazo a la iniciativa promovida por el líder socialista.

Pero, tan sólo con los apoyos de sus compañeros de partido, el alcalde cuenta con el permiso necesario para aprobar el procedimiento. La vía elegida por Diez evita que tenga que someterse al criterio del pleno municipal. En la sesión plenaria tan sólo irá incluido dentro de la dación de cuenta de los acuerdos de la junta de gobierno local, que no se votan. Sin este obstáculo el proyecto sigue adelante gracias además a que ya estaba incluido dentro del plan general de peatonalización de Ordoño que se ejecutó hace un año. Ahora, el equipo de gobierno puede licitar sin ningún problema el concurso para encontrar una empresa que se haga con el encargo de ejecutar los tres quiosquillos de hostelería y, a cambio, se aproveche de los ingresos que genere su gestión durante un periodo de 15 años. Como factura de alquiler del suelo público, las interesadas tendrán que plantear sus ofertas a partir de un canon mínimo de 3.481 euros anuales por todo el lote.

No se toca ninguno de estos parámetros que venían ya recogidos en los pliegos que se llevaron, también por urgencia, a la comisión informativa de Hacienda y Régimen Interior del pasado 20 de septiembre. Pese a que en ese mismo foro algunos de los concejales de los grupos políticos de la oposición mostraron sus dudas, tanto por la licitación en bloque de los tres negocios como por el canon mínimo exigido, el equipo de Diez ha decidido mantener las mismas condiciones para la elección de la empresa. No varían tampoco los tres emplazamientos reservados dentro del área de estacionamientos: en el lado izquierdo, justo antes de la intersección con Juan Lorenzo Segura; más adelante, tras superar el cruce de Alcázar de Toledo; y en la banda opuesta, nada más pasar la salida hacia Gil y Carrasco, al lado de los monolitos conmemorativos de los reyes de León

De acuerdo estas guías, el regidor sigue firme en su «idea» de «poder llevarlo al Pleno del mes de octubre, sacar a licitación los pliegos y que a lo largo de este año o principios del que viene puedan estar en funcionamiento», como expuso en septiembre, después de las críticas recibidas por el plan que defendió para dar la mayor vida posible a ese entorno». Diez recalcó entonces que se pretende «hacer lo que viene en el proyecto inicial», aunque obvió que en ese informe no venían los pliegos de condiciones del concurso.

El documento detalla además que la «concesión demanial para el aprovechamiento privativo y explotación de tres quioscos sitos en Ordoño II» permitirá al adjudicatario construir los tres bares. Cada uno de ellos contará con «un máximo de 20 metros y una terraza para apoyo, con la posibilidad de ocupar, sólo durante el horario estricto de funcionamiento de la actividad, una superficie delimitada por el frente al interior de la vía de la longitud de la estructura del quiosco con un fondo de ocupación de 2,80 metros máximo». Los negocios deberán disponer de «zona de barra, zona de servicio y take away , zona de almacenamiento de productos y material y zona de servicios, con un aseo independiente con retrete y lavabo, para uso exclusivo de los usuarios». La construcción «prefabricada en materiales acordes con el entorno y con los servicios suficientes para prestar la actividad requerida», deberá ser visada por los técnicos municipales , que advierten de que el proyecto no podrá desviarse más de un 10% «en calidad y coste» con respecto a los 100.000 euros de inversión estimada.